Hermosillo, Son., noviembre 10 de 2022.- Por considerar que resulta indispensable generar políticas públicas y marcos jurídicos que impulsen y fortalezcan la educación ambiental, el Congreso del Estado aprobó reformas y adiciones a diversas leyes estatales, a fin de fomentar una cultura de sostenibilidad en los alumnos de educación básica, media superior y superior
Es preciso dejar asentado el deber que como legisladores tienen de aplicar lo recomendado por la política internacional, en el respeto y garantía del derecho a un medio ambiente sano, generando herramientas para que Estado y ciudadano coparticipen en el cuidado de la naturaleza, destaca en la parte considerativa del dictamen presentado al Pleno por las comisiones de Educación y Cultura, y de Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático.
Se trata del Decreto que reforma y adiciona disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Sonora, de la Ley para la protección, conservación y fomento del árbol en las zonas urbanas del Estado de Sonora, y de la Ley que crea un organismo público descentralizado denominado Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, que se elaboró con base a una iniciativa que el 28 de octubre de 2021 presentaran los grupos parlamentarios de Nueva Alianza Sonora y del Partido Verde Ecologista de México.
En el Decreto destaca la adición de un Artículo 135 BIS a la Ley de Educación, que establece que, para acreditar el servicio social, además de lo ya dispuesto, los alumnos prestadores del mismo deberán plantar un árbol endémico en las zonas o lugares que para tal efecto designe la institución educativa o el Municipio respectivo.
En la Ley de fomento del árbol se le adicionó: promover planes y programas educativos en todos los niveles, dirigidos al cumplimiento de los objetivos de dicha legislación, en los que se incluyan actividades prácticas de cuidado, protección, conservación de árboles y reforestación en general, mientras que en la Ley que crea un organismo público descentralizado denominado CEDES, entre otras disposiciones, podrá proponer a las autoridades competentes, tanto estatales como municipales, zonas que requieran restauración mediante la plantación de árboles endémicos.
Estas zonas deberán tomarse en cuenta, de manera prioritaria, en las áreas que se designen para la plantación de árboles por parte de alumnos que requieran acreditar su servicio social, establece el dictamen al que dio lectura la diputada Beatriz Cota Ponce, a nombre de las comisiones de Educación y Cultura, y de Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático.
En esta sesión ordinaria, el Pleno aprobó el Acuerdo mediante el cual el Congreso del Estado resuelve exhortar a los titulares del Comité Técnico de la Secretaria de Energía, SENER; al Fondo de Servicio Universal Eléctrico, FSUE; y a la Comisión Federal de
Electricidad, CFE, a efecto de que, en el ejercicio de sus atribuciones, realicen las acciones necesarias para que, en el ejercicio fiscal 2023, se contemplen, asignen y etiqueten recursos para introducir red eléctrica en los ejidos del Sur del Estado.
También para las playas de Tojahui, Bajerobeta, Las Bocas y Bachoco, ya que son comunidades que se encuentran con un gran atraso en la prestación de servicio de luz eléctrica, expuso en su iniciativa el diputado Próspero Valenzuela Múñer.
Agregó que, en 2021, el FSUE aprobó la relación de localidades con necesidad de electrificación en 29 estados, con el que se pretendió atender, mediante el componente de extensión de redes en mil 392 localidades y en un beneficio para 145 mil 553 personas, del cual se incluyó a 125 localidades de 31 municipios de Sonora.
Lo que se necesita es que se incluya a los ejidos y a las playas del Sur del Estado antes mencionadas, dijo, ya que, al no contar con red eléctrica, sus pobladores enfrentan problemas de seguridad, salud y para el emprendimiento de proyectos de trabajo que se dan por naturaleza en la zona.
La iniciativa recibió el apoyo de las diputadas Sagrario Montaño Palomares y Claudia Zulema Bours Corral, y de los diputados Luis Arturo Robles Higuera, Jorge Eugenio Russo Salido y José Rafael Ramírez Morales.
En el orden del día siguió la presentación del dictamen elaborado por la Comisión de Seguridad Ciudadana, con punto de Acuerdo mediante el cual el Congreso del Estado resuelve que son improcedentes las iniciativas contenidas en los folios número 794, 1688, 1727, 1756, 1823, 2237, 2272, 2274, 2768, 3453 y 3920, pertenecientes a la LXII Legislatura, mismo que fue aprobado.
Turnan iniciativas a comisiones
En esta sesión ordinaria fueron presentadas tres iniciativas con reformas y adiciones a la Ley de Responsabilidades y Sanciones para el Estado de Sonora, la primera por parte del diputado Sebastián Antonio Orduño Fragoza, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, quien propuso sustituir la figura del Diputado acusador por parte acusadora, en lo relativo a los juicios políticos.
Además, planteó que la totalidad del Pleno del Congreso se convierta en un tribunal especial para emitir lo referente al actuar de la o el servidor público sujeto al mismo, ya que actualmente, la norma dispone que el Diputado acusador sea designado de entre las y los diputados que integran la Legislatura.
En la misma iniciativa, que se turnó para estudio a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, y Anticorrupción, en forma unida, el legislador también propuso modificar la fracción XXI del Artículo 64 de la Constitución local, que habla de las facultades del Poder Legislativo, a efecto de que pueda erigirse en jurado de sentencia sin necesidad de nombrar a un Diputado acusador.
La Comisión Anticorrupción también estudiará la iniciativa presentada por la diputada Azalia Guevara Espinoza, integrante del grupo parlamentario de MORENA, con proyecto de decreto que adiciona un artículo 63 bis a la Ley de Responsabilidades y Sanciones para el Estado de Sonora, con el objeto de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de los órganos internos de control de los organismos constitucionalmente autónomos en el Estado.
Expuso que es necesario que los órganos internos de control garanticen la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio de sus atribuciones, para lo cual es importante que la ciudadanía tenga acceso a información necesaria para saber quién es la persona que ostenta el cargo de titular del OIC, su plan de trabajo, los resultados del mismo y un sistema para garantizar a cualquier persona la presentación de una denuncia o queja en contra de determinado servidor público adscrito al órgano.
La legisladora agregó que su iniciativa busca que, de manera obligatoria y no opcional, administren un micrositio dentro del portal oficial del OIC al que estén sectorizados y donde se publicite lo siguiente: nombre del titular, nombre de los titulares de las áreas de Auditoría Interna, Investigación y Sustanciación; organigrama del Órgano Interno de Control, entre otros.
Enseguida correspondió a la diputada Natalia Rivera Grijalva, integrante del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentar una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 63 bis a la Ley de Responsabilidades y Sanciones para el Estado de Sonora.
Indicó que la idea es que se considere falta grave omitir el pago del Impuesto Predial de aquellos bienes inmuebles del dominio público o privado del Estado o los municipios, que sean utilizados por entidades paraestatales o paramunicipales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.
No todos los inmuebles que son utilizados por las autoridades son sujetos de ser exentos del Impuesto Predial, razón por la cual proponen establecer que la omisión del pago sea considerada falta grave dentro del catálogo establecido en la Ley, pues en la medida que esta sea eficaz y efectiva, su función disuasiva incentivará comportamientos responsables y comprometidos; los recursos públicos tendrán una mejor probabilidad de emplearse adecuadamente y se lograrán de mejor manera los fines de bienestar común, sostuvo.
“Establecer este tipo de sanciones va encaminada a implementar una cultura de la legalidad en el sector público y además fortalecer la capacidad de recaudación de los municipios”, expresó la legisladora.
La iniciativa se turnó para estudio a la Comisión Anticorrupción. El Pleno del Congreso sesionará de nuevo el martes 15 de noviembre, a las 11:00 horas.
