Guillermo Arturo Zuany Portillo, quien encabezó la Fiscalía de Operaciones Estratégicas de Chihuahua, permanece prófugo mientras las autoridades buscan detenerlo por su presunta participación en las irregularidades investigadas alrededor de un operativo antidrogas realizado en abril de 2026 en la Sierra Tarahumara.

El exfuncionario es investigado junto con César Jáuregui Moreno, exfiscal general del estado, por los hechos ocurridos en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, donde se desmanteló un laboratorio clandestino de metanfetaminas. La operación quedó bajo escrutinio después de que se conociera la participación de ciudadanos estadounidenses identificados como presuntos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

Un juez de control de Chihuahua giró una orden de aprehensión contra Zuany. Entre los señalamientos figura el probable delito de falsedad ante autoridades con penalidad agravada, además de su presunta participación como coautor en delitos relacionados con el ejercicio ilegal del servicio público y coalición. Las acusaciones forman parte de una investigación judicial y no equivalen a una sentencia condenatoria.

La búsqueda del exfiscal continúa después de que Jáuregui fuera detenido el 17 de octubre. El caso ha puesto bajo revisión las decisiones tomadas por mandos estatales durante el operativo, así como la manera en que se coordinó la presencia de personal extranjero en tareas de seguridad dentro del territorio mexicano.

De jefe de investigación a funcionario bajo investigación

Zuany desarrolló buena parte de su carrera en corporaciones de seguridad. Trabajó en la Policía Única de Chihuahua, coordinó el área antisecuestros y ocupó distintos cargos en la Agencia Estatal de Investigación (AEI), hasta llegar a dirigir esa corporación.

En septiembre de 2025 fue nombrado fiscal especializado en Operaciones Estratégicas, área enfocada en delitos de alto impacto. Sin embargo, en mayo de 2026 dejó el cargo después de que la Fiscalía estatal informara sobre el inicio de un procedimiento administrativo por una posible omisión de su parte.

Su salida ocurrió semanas después del operativo de abril, que terminó con la muerte de cuatro personas en un accidente carretero: dos agentes estadounidenses y dos integrantes de la Fiscalía de Chihuahua. La presencia de los ciudadanos extranjeros y las circunstancias de su participación se convirtieron en puntos centrales de las indagatorias.

Las investigaciones buscan esclarecer cómo se organizó la operación, qué funciones desempeñaron los extranjeros y si las autoridades estatales contaban con las autorizaciones necesarias para su intervención. También se han señalado posibles fallas en la comunicación con las instancias federales y en los procedimientos posteriores al aseguramiento del laboratorio.

El caso tiene una dimensión institucional y de seguridad nacional debido a la participación de presuntos agentes de la CIA en una operación dentro de México. La investigación federal y los procedimientos estatales siguen vías distintas, por lo que las responsabilidades deberán establecerse ante las autoridades competentes.

Por ahora, Zuany permanece prófugo y su situación jurídica está marcada por una orden de aprehensión. Su localización y las diligencias pendientes serán relevantes para esclarecer su presunto papel en el operativo y determinar si existieron responsabilidades penales.