El Gobierno de México alista una nueva legislación para actualizar y fortalecer la regulación de casinos, centros de apuestas y establecimientos relacionados con juegos, en sustitución del marco normativo vigente desde 1947.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que la dependencia prácticamente concluyó la revisión interna de la propuesta y que el siguiente paso será presentarla ante el Gabinete de Seguridad para su análisis.

La funcionaria explicó que el proyecto surgió a partir de una revisión en la que participaron distintas dependencias federales que tienen atribuciones o alguna incidencia en la operación de casinos y establecimientos dedicados a las apuestas.

La actualización de las reglas ocurre después de que autoridades federales detectaran diversas irregularidades en establecimientos del sector y realizaran acciones relacionadas con posibles delitos financieros.

De acuerdo con lo expuesto por Gobernación, algunas de las investigaciones han involucrado posibles operaciones de lavado de dinero y defraudación fiscal, asuntos que han sido atendidos de manera coordinada con instituciones como la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera.

Uno de los objetivos planteados por la Secretaría de Gobernación es evitar actos de corrupción durante los procesos administrativos y de supervisión de los establecimientos.

Rosa Icela Rodríguez señaló que ha advertido a los representantes de la industria que no se tolerará el intento de sobornar a funcionarios de la dependencia y que, en caso de detectarse este tipo de prácticas, podrían aplicarse sanciones tanto contra los responsables de los negocios como contra servidores públicos involucrados.

La secretaria también informó que se busca eliminar la participación de gestores o intermediarios que operen a nombre de Gobernación ante los empresarios del sector.

La instrucción, explicó, es que los permisionarios puedan realizar directamente sus trámites y gestiones con la dependencia, con el propósito de reducir espacios para posibles actos de corrupción.

Como parte de las medidas de transparencia, también se planteó que tanto los inspectores como los responsables de los establecimientos documenten mediante grabaciones las revisiones realizadas, con el objetivo de contar con evidencia en caso de que surjan controversias sobre el desarrollo de los operativos.

La revisión de la regulación ocurre después de investigaciones que llevaron al cierre o sanción de diversos casinos por posibles irregularidades financieras.

La información proporcionada por las autoridades señala que alrededor de 20 establecimientos han sido cerrados o intervenidos en investigaciones relacionadas con posibles operaciones de lavado de dinero o defraudación fiscal, aunque las cifras pueden variar conforme avanzan los procedimientos.

La Secretaría de Gobernación ha insistido en que las acciones emprendidas contra determinados establecimientos no obedecen únicamente a revisiones administrativas, sino que en algunos casos derivan de investigaciones de carácter penal y fiscal.

Por ello, la nueva legislación pretende establecer reglas más acordes con las condiciones actuales de la industria y fortalecer los mecanismos de vigilancia sobre los establecimientos que cuentan con permisos para operar.

Además de las medidas relacionadas con la supervisión y prevención de actividades ilícitas, Gobernación estableció como parte de sus exigencias que los empresarios del sector cumplan con sus obligaciones fiscales y mantengan regularizada la situación laboral de sus trabajadores.

La dependencia ha señalado que el objetivo es mantener una relación institucional con los permisionarios que operen dentro del marco legal y evitar que los establecimientos sean utilizados para actividades ajenas a las autorizadas.

La iniciativa todavía no constituye una nueva ley vigente. Antes deberá ser revisada por el Gabinete de Seguridad y posteriormente continuar el procedimiento legislativo correspondiente.

La regulación actual tiene su origen en una legislación promulgada hace casi ocho décadas, por lo que el gobierno federal considera necesaria una actualización que contemple las condiciones actuales de los casinos, los centros de apuestas y las nuevas modalidades de operación.

Con la propuesta, la administración federal busca reforzar la supervisión del sector, combatir posibles prácticas de corrupción y establecer mayores controles frente a operaciones financieras irregulares, mientras se define el contenido definitivo que será presentado ante el Congreso de la Unión.