Ciudad de México; 3 de abril de 2026.– El Gobierno de México rechazó el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU que advierte que este delito en el país podría alcanzar niveles de crímenes de lesa humanidad, al considerar que el documento es “tendencioso”, carece de rigor y omite avances recientes.

A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Gobernación, el Ejecutivo federal sostuvo que las conclusiones del organismo internacional no reflejan la realidad actual del país ni toman en cuenta información actualizada presentada por México antes de la publicación del informe.

El gobierno acusó que el informe presenta una falta de rigor jurídico y que sus conclusiones no coinciden con la propia definición de desaparición forzada del comité, además de ignorar acciones institucionales implementadas en los últimos años.

También señaló que el análisis se basa principalmente en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, durante administraciones anteriores, por lo que consideró que su alcance es parcial y desactualizado.

El Ejecutivo federal afirmó que en México “no se toleran, permiten ni ordenan desapariciones forzadas” y defendió las reformas impulsadas, particularmente en 2025, para fortalecer la búsqueda de personas y la coordinación entre autoridades.

Entre las acciones destacadas se encuentran:

  • Nuevos mecanismos de búsqueda inmediata
  • Coordinación entre fiscalías y comisiones
  • Plataformas para registro e identificación
  • Reformas legales para mejorar la atención a víctimas

El gobierno reiteró su disposición a colaborar con organismos internacionales, pero advirtió que dicha cooperación debe basarse en diagnósticos que reflejen el contexto actual del país.

Además, sostuvo que el mecanismo activado por el comité de la ONU está diseñado para casos donde el Estado participa de forma sistemática en desapariciones, lo cual —asegura— no corresponde a la situación actual de México.

El Comité de la ONU planteó llevar el caso de México ante instancias superiores al considerar la gravedad de la crisis, señalando patrones que podrían implicar responsabilidad estatal o colusión con el crimen organizado.

Sin embargo, el gobierno mexicano sostiene que muchas de las desapariciones están vinculadas principalmente a la delincuencia organizada y no a una política de Estado.