La Fiscalía General del Estado de Tabasco formalizó este jueves 22 de octubre una acusación por desaparición forzada contra Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de la entidad. El fiscal general, Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros, informó que el Ministerio Público presentaría el recurso ante la autoridad judicial para avanzar a la siguiente etapa del procedimiento penal.
Con esta actuación, la investigación complementaria por este delito da paso a la etapa intermedia, en la que la Fiscalía deberá exponer los hechos que atribuye al exfuncionario y los elementos probatorios con los que busca sostener su acusación. La defensa, por su parte, podrá responder a los señalamientos y plantear sus propios argumentos dentro del proceso.
El avance judicial ocurre luego de que las autoridades establecieran el 23 de octubre como fecha límite para presentar la acusación formal. La Fiscalía anunció que realizaría el trámite un día antes del vencimiento del plazo.
Bermúdez Requena encabezó la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco entre 2019 y 2024. Fue detenido en Paraguay en septiembre de 2025 y posteriormente trasladado a México, donde permanece recluido en el penal federal del Altiplano, en el Estado de México, mientras enfrenta distintos procedimientos penales.
El exmando también ha sido señalado en investigaciones relacionadas con presuntos delitos como secuestro agravado, extorsión, asociación delictuosa y peculado. Estos expedientes corresponden a procedimientos distintos, por lo que cada acusación deberá seguir su propio curso ante las autoridades judiciales.
La presentación de la acusación por desaparición forzada representa un nuevo paso procesal, pero no constituye por sí misma una sentencia ni determina la culpabilidad del exfuncionario. Será la autoridad judicial la encargada de valorar las pruebas y resolver conforme a derecho.
Mientras el caso avanza, la Fiscalía deberá sostener sus señalamientos dentro de los plazos legales, en tanto que Bermúdez Requena conserva el derecho a la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia que determine su responsabilidad penal.
