La Paz, Bolivia | 21 de octubre de 2025. — La Fiscalía Departamental de Tarija presentó una acusación formal contra el expresidente Evo Morales Ayma por el presunto delito de trata agravada de personas, un proceso que podría llevar al histórico líder del Movimiento al Socialismo (MAS) a enfrentar un juicio penal en los próximos meses.

La acusación se presentó este martes ante un tribunal de Tarija, tras un año de investigaciones iniciadas en septiembre de 2024. Según el expediente, el Ministerio Público sostiene que Morales habría mantenido una relación sentimental con una menor de 15 años en 2015, cuando aún ocupaba la Presidencia de Bolivia. De esa relación, de acuerdo con la denuncia, habría nacido una hija, hecho que agrava la figura penal de trata.

Fuentes judiciales informaron que junto a Morales también fue acusada Idelsa Pozo, madre de la adolescente, señalada como partícipe y facilitadora del vínculo.

La fiscal del caso, Sandra Gutiérrez, explicó que la acusación se basa en 18 cuerpos procesales que contienen pruebas documentales, periciales y testimoniales, incluyendo material fotográfico y análisis de comunicaciones. “Existen elementos suficientes que sustentan la acusación por trata agravada de personas, conforme al artículo 281 bis del Código Penal boliviano”, declaró la funcionaria a medios locales.

Morales no se presentó a las citaciones previas del proceso y fue declarado en rebeldía, motivo por el cual se mantiene una orden de aprehensión vigente en su contra. El caso se originó en la ciudad de Yacuíba, en el departamento de Tarija, y está a cargo del Juzgado de Instrucción Penal de esa jurisdicción.

La Fiscalía ha solicitado al tribunal que, con base en la acusación, se convoque al juicio oral público, en el que se evaluarán las pruebas y se dictará sentencia. De encontrarse culpable, Morales podría enfrentar penas de hasta 20 años de prisión, según el tipo penal y los agravantes establecidos por la ley.

El exmandatario ha negado los señalamientos, calificando el proceso como una “persecución política”. En declaraciones recientes, aseguró que se trata de un intento de sus adversarios —incluyendo facciones internas del MAS— por “destruir su imagen y eliminarlo políticamente” de cara a los próximos comicios.

Por su parte, la defensa de Morales anunció que presentará recursos legales para impugnar la acusación, alegando irregularidades en la investigación y falta de pruebas directas que demuestren los delitos imputados.

El caso ha generado una profunda polarización política en Bolivia. Dirigentes del MAS han salido en defensa del exmandatario, mientras que sectores opositores exigen que se garantice un proceso transparente y sin privilegios. En redes sociales, las reacciones se dividen entre llamados a justicia y denuncias de manipulación judicial.

El delito de trata agravada de personas —de confirmarse en juicio— implica la captación, traslado o acogida de una persona con fines de explotación o vulneración de su integridad, agravado cuando la víctima es menor de edad.

Este nuevo proceso judicial marca uno de los momentos más delicados en la carrera política de Evo Morales, quien ya había enfrentado denuncias previas por abuso de menores y que ahora ve amenazada su posible candidatura en las elecciones generales de 2026.

La Fiscalía de Tarija reiteró que el caso continuará su curso “con independencia y sin injerencias políticas”, mientras se aguarda la decisión judicial sobre la fecha del juicio.