La investigación en torno al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, continúa ampliándose, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) identificara el presunto uso de un testaferro dentro de la empresa Ingemar, señalada por su posible participación en una red de tráfico ilegal de hidrocarburos.
De acuerdo con indagatorias federales, la directora de la empresa, Guadalupe Hernández, es investigada por su presunto papel dentro de esta estructura, la cual habría operado mediante esquemas de importación irregular de combustible para evadir impuestos, práctica conocida como “huachicol fiscal”.
Este caso forma parte de una investigación más amplia que, según autoridades, involucra a al menos 25 personas y diversas empresas relacionadas con el traslado y comercialización de hidrocarburos en el país.
Las pesquisas apuntan a que la red utilizaba mecanismos como la simulación de operaciones y la utilización de terceros —o prestanombres— para ocultar a los verdaderos beneficiarios de las ganancias derivadas del contrabando de combustible.
La empresa Ingemar ha sido señalada previamente en operativos donde se aseguraron millones de litros de hidrocarburos, lo que permitió a las autoridades seguir la pista de una estructura de gran escala dedicada al tráfico ilegal de energéticos.
De acuerdo con reportes periodísticos, el esquema consistía en introducir combustible al país bajo declaraciones falsas ante aduanas, haciéndolo pasar por otros productos para evitar el pago de impuestos, una práctica que ha generado pérdidas millonarias para el erario mexicano.
En este contexto, la FGR mantiene abiertas diversas líneas de investigación que buscan determinar el grado de responsabilidad de los involucrados, así como el posible uso de empresas fachada y prestanombres para operar la red.
El caso ha generado un fuerte impacto político y mediático, al involucrar a una figura histórica de la oposición en México y destapar una de las tramas más relevantes de contrabando de hidrocarburos en los últimos años.
