La Fiscalía General de la República (FGR) ha citado formalmente a Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, como parte de una investigación por presuntos delitos graves, según confirmaron medios nacionales. Torres Torres está siendo llamado por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) para que comparezca ante el Ministerio Público en oficinas centrales de la FGR en la Ciudad de México. La carpeta de investigación contra él está registrada bajo el número FED/FEMDO/FEIDH/DA/RV-BC/0009656/2025. Entre los delitos que se le atribuyen se encuentran operaciones con recursos de procedencia ilícita, es decir, lavado de dinero.
También se le investiga por tráfico ilegal de diésel, tras un aseguramiento realizado en Ensenada, donde supuestamente se encontraron contenedores con casi 8 millones de litros de diésel, además de evasión fiscal y posibles vínculos con delincuencia organizada.
En Estados Unidos, Torres Torres también está siendo investigado por conspiración y lavado de dinero, según fuentes citadas por medios como Zeta y La Crónica de Hoy, y su visa estadounidense fue revocada, un hecho que se ha vinculado con estas investigaciones.
La gobernadora Marina del Pilar ha declarado que el proceso de divorcio con Torres sigue “con mucho cariño y respeto”, en medio de la crisis por los señalamientos públicos.
Periodistas han señalado que Marina del Pilar podría ser considerada un “daño colateral” en la investigación, ya que las indagatorias están dirigidas contra su círculo cercano, especialmente su exesposo y su cuñado. Hasta ahora, ni Torres ni la gobernadora han ofrecido una versión pública completa sobre las acusaciones o la carpeta de la FGR.
La citación representa un momento delicado para el gobierno de Baja California, pues el exesposo de la gobernadora es señalado por delitos que podrían alcanzar sanciones graves. El señalamiento de huachicol es particularmente llamativo dada la relevancia mediática y política del contrabando de combustibles en el país. La FGR parece consolidar un caso no solo con impacto local sino también internacional, lo que podría tener consecuencias amplias para figuras políticas vinculadas.
En conclusión, la FGR ha dado un paso formal en la investigación contra Carlos Torres Torres, citándolo como imputado por delitos que incluyen lavado de dinero y tráfico ilegal de combustible, mientras que su vinculación con la gobernadora Marina del Pilar intensifica la tensión política en Baja California, especialmente en medio del proceso de divorcio y la revocación de sus visas por parte de Estados Unidos.
