La Fiscalía General de la República (FGR) realizó un cateo en oficinas del Instituto Nacional Electoral (INE), como parte de las investigaciones por presuntas irregularidades en contrataciones y adquisiciones que involucran a la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei y al empresario José Alfredo Hernández Casillas.

La diligencia se llevó a cabo el miércoles 11 de noviembre en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, ubicada en la Torre Zafiro, sobre Periférico Sur, en la colonia Jardines del Pedregal, al sur de la Ciudad de México. Los agentes también inspeccionaron áreas de la Subdirección de Adquisiciones, responsables de procedimientos de licitación y compra de bienes para el organismo electoral.

En el operativo participaron elementos de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, en coordinación con la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada. Durante la diligencia fueron revisados equipos de cómputo y archivos relacionados con las áreas intervenidas.

La investigación busca esclarecer posibles irregularidades en contratos asignados a empresas proveedoras de materiales electorales, entre ellos el correspondiente a la fabricación de credenciales para votar, cuyo monto máximo supera los mil 100 millones de pesos para el periodo 2026-2031.

El área cateada era encabezada hasta el 27 de octubre por Mario Alfonso Burciaga Esparza, exfuncionario que aparece en grabaciones difundidas sobre reuniones con Hernández Casillas y personas vinculadas al INE.

Las pesquisas también consideran audios en los que presuntamente se escucha al empresario dar indicaciones sobre el momento en que debía anunciarse el fallo de una licitación para producir las credenciales de elector. La autenticidad, contexto y alcance de esos materiales forman parte de los elementos que deberán analizar las autoridades.

El caso se desarrolla a partir de distintas denuncias presentadas ante la FGR. El Órgano Interno de Control del INE informó que interpuso seis denuncias penales contra servidores públicos, exfuncionarios y empresas por posibles delitos como uso ilícito de atribuciones y facultades, uso de documentos falsos, tráfico de influencias, ejercicio ilícito del servicio público y cohecho.

Entre las personas mencionadas en las investigaciones se encuentran Guadalupe Taddei y el contratista José Alfredo Hernández Casillas. La indagatoria busca determinar si existieron acuerdos indebidos o beneficios irregulares en los procesos de contratación del organismo electoral.

El cateo representa una diligencia ministerial dentro de las investigaciones y no constituye por sí mismo una determinación de responsabilidad penal contra las personas señaladas.