La Fiscalía General de la República (FGR) informó que, hasta el momento, no existen pruebas suficientes para proceder legalmente contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en medio de las acusaciones provenientes de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

De acuerdo con la postura oficial, la institución mantiene abiertas las investigaciones, pero subraya que no cuenta con elementos probatorios sólidos que permitan ejercer acción penal o avanzar en un proceso judicial en territorio mexicano.

Este posicionamiento coincide con lo expresado previamente por autoridades federales, quienes han señalado que las solicitudes realizadas por el gobierno estadounidense carecen de evidencia suficiente para justificar medidas como una detención provisional o una eventual extradición.

Desde que surgieron las acusaciones, la FGR ha solicitado a Estados Unidos mayor información, documentación y pruebas que respalden los señalamientos. Sin estos elementos, ha reiterado, no es posible actuar conforme al marco legal mexicano.

El caso ha generado tensiones diplomáticas entre ambos países, luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos señalara a Rocha Moya y a otros funcionarios por supuestos vínculos con el crimen organizado. Sin embargo, el gobierno mexicano ha insistido en que cualquier acción debe sustentarse en pruebas claras y verificables.

En este contexto, el propio Rocha Moya ha rechazado las acusaciones y ha sostenido que se trata de señalamientos sin fundamento. Incluso, solicitó licencia temporal a su cargo para facilitar las investigaciones, mientras se define su situación jurídica.

Por ahora, el proceso permanece en una etapa de revisión y análisis, a la espera de que las autoridades estadounidenses aporten evidencia que permita esclarecer los hechos y determinar si existen responsabilidades legales.