La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) separó del cargo a tres funcionarios tras detectarse presuntas omisiones y posibles actos de corrupción en la investigación del caso de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, joven hallada sin vida en un inmueble de la capital.
La determinación fue anunciada por la fiscal Bertha Alcalde Luján, quien reconoció fallas en la actuación inicial de la institución durante las primeras horas de la desaparición de la víctima, así como posibles conductas indebidas atribuidas a personal ministerial.
De acuerdo con la información oficial, los funcionarios separados habrían incurrido en irregularidades en el manejo del caso, entre ellas omisiones en la atención a la denuncia de desaparición y posibles actos de corrupción relacionados con la familia de la víctima.
La fiscalía también investiga señalamientos de que algunos servidores públicos habrían solicitado dinero a los familiares a cambio de agilizar la búsqueda, lo que derivó en la apertura de una investigación interna.
Las autoridades capitalinas han reconocido que la actuación en las primeras horas fue deficiente, pese a que la familia de Edith Guadalupe proporcionó información clave, como su última ubicación y registros de cámaras de seguridad.
Este retraso en la respuesta institucional ha sido señalado como uno de los principales factores que complicaron el avance oportuno de la investigación.
El caso de Edith Guadalupe se investiga bajo el protocolo de feminicidio. De acuerdo con reportes oficiales, ya existe una persona detenida presuntamente relacionada con el crimen, mientras continúan las indagatorias para esclarecer el móvil y la participación de otros posibles implicados.
La Fiscalía capitalina mantiene abiertas líneas de investigación tanto en el ámbito penal como administrativo, con el objetivo de deslindar responsabilidades dentro de la propia institución.
El caso ha generado pronunciamientos de distintas autoridades locales, quienes han señalado que no habrá impunidad y que se sancionará cualquier irregularidad cometida por servidores públicos durante el proceso.
Asimismo, se han reforzado los mecanismos de supervisión interna para evitar que situaciones similares se repitan en futuras investigaciones de personas desaparecidas.
