Estados Unidos.— Este Día de Acción de Gracias se vive con un tono distinto en numerosas comunidades migrantes en Estados Unidos, donde familias que ya habían enfrentado separaciones en administraciones anteriores vuelven a experimentar miedo, ausencias y rupturas por el reforzamiento de operativos migratorios bajo el gobierno del presidente Donald Trump.
De acuerdo con reportes de medios internacionales, diversas familias que años atrás sufrieron separaciones ahora enfrentan nuevamente el riesgo de deportación o la detención de alguno de sus integrantes. Organizaciones civiles han documentado que las recientes redadas y verificaciones migratorias afectan no solo a personas recién llegadas a la frontera, sino también a residentes con años viviendo en el país, muchos de ellos con hijos ciudadanos estadounidenses.
En casos documentados, como el de Esteban Ríos —recientemente deportado—, sus familiares relataron que la festividad transcurre con “sillas vacías” y con la ausencia de quienes fueron detenidos o expulsados en semanas recientes. Su esposa, entrevistada por medios locales, describió este periodo como “un Día de Acción de Gracias triste”, marcado por la distancia y la incertidumbre sobre el futuro de la familia.
Defensores de derechos humanos señalan que esta situación representa un cambio respecto a operativos migratorios previos, pues la separación familiar no se limita a la frontera: también ocurre en comunidades establecidas, durante labores de control interno, verificaciones y procesos de deportación acelerados. Abogados y activistas advierten que esto está incrementando el impacto emocional, escolar y laboral entre familias con niños ciudadanos o residentes.
En ciudades con gran población latina, como Los Ángeles, Houston, Phoenix y Chicago, organizaciones comunitarias reportaron que muchas familias redujeron sus reuniones festivas o decidieron no desplazarse por temor a retenes o detenciones migratorias.
El endurecimiento de la política migratoria se mantiene como uno de los puntos más controvertidos de la actual administración estadounidense, mientras colectivos civiles solicitan revisiones a los procesos y mayor protección para familias mixtas que residen legalmente o de manera consolidada en el país.
