El Gobierno federal ha puesto en la mira las llamadas “jubilaciones de oro”, pensiones extraordinariamente altas que reciben miles de exfuncionarios y exempleados de entidades públicas, algunas incluso superiores a un millón de pesos mensuales. Esta medida forma parte de una estrategia para promover mayor equidad y aliviar la presión sobre las finanzas públicas. 

La Secretaría Anticorrupción difundió una base de datos con casi 100 000 exservidores públicos que perciben pensiones elevadas, entre los cuales más de 8 000 reciben montos mayores al salario mensual de la presidenta de la República, y cuatro de ellos superan el millón de pesos mensuales. La mayoría de estos pagos están vinculados a posiciones en empresas estatales como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos (Pemex) y la extinta Luz y Fuerza del Centro (LyFC). 

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó recientemente una iniciativa constitucional conocida como “pensiones sin privilegios”, cuyo objetivo es limitar las jubilaciones futuras de exfuncionarios a no más del 50 % del salario presidencial, lo que equivale aproximadamente a unos 70 000 pesos mensuales. La propuesta también busca aplicar este tope a mandos altos en organismos descentralizados, banca de desarrollo y otras entidades públicas. 

Según el análisis del gobierno, de no aplicarse esta reforma, los pagos actuales —que en conjunto representan miles de millones de pesos al año— podrían seguir tensando el presupuesto nacional. Se estima que el ajuste permitiría ahorrar alrededor de 5 000 millones de pesos anuales, recursos que podrían redirigirse hacia programas sociales y de bienestar para grupos vulnerables. 

La iniciativa ya fue enviada al Senado de la República, donde ha iniciado su discusión en comisiones. Aunque hay consenso general en eliminar las pensiones excesivas, algunos legisladores han planteado objeciones técnicas, como la forma de fijar el tope con base en el salario presidencial, argumentando que podría variar con decisiones futuras sobre el sueldo del Ejecutivo. 

Organismos de la sociedad civil y expertos en política fiscal han respaldado en gran medida la medida, al considerar que las pensiones exorbitantes contrastan fuertemente con las condiciones de la mayoría de los trabajadores y jubilados en el país.