Un exagente de alto rango de la DEA, Paul Campo, junto con un cómplice —identificado como Robert Sensi— han sido formalmente acusados por un tribunal federal en Nueva York de conspirar para traficar drogas, blanquear decenas de millones de dólares e incluso facilitar la obtención de armas de grado militar para un cártel mexicano.
Según la acusación, los implicados habrían acordado lavar al menos 12 millones de dólares en ganancias del narcotráfico, y convertido unos 750 000 dólares en efectivo a criptomonedas con la intención de “limpiar” dinero proveniente de la venta de drogas. Además, la denuncia indica que gestionaron una operación para adquirir 220 kilogramos de cocaína supuestamente destinada a distribuirse en Estados Unidos —con la promesa de una ganancia de unos 5 millones de dólares—, así como intentar comprar armamento militar para el cártel implicado.
El cártel involucrado en la acusación es Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), grupo que este año fue designado como organización terrorista por el gobierno de Estados Unidos.
Los acusados han negado los cargos. Ambos comparecieron ante un magistrado en Manhattan, quien ordenó su detención sin derecho a fianza. Las pruebas presentadas por los fiscales incluyen grabaciones, datos de localización telefónica, correos electrónicos y vigilancia, lo que, según ellos, demuestra que el exagente ofrecía su experiencia en operaciones financieras y de inteligencia al cártel.
Este caso ha generado alarma sobre posibles fallas en los mecanismos de control interno de agencias de seguridad, pues se trata de un funcionario que en su carrera estuvo a cargo de operaciones financieras de la DEA, precisamente orientadas a combatir el lavado de dinero.
