El caso que involucra al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros funcionarios señalados por autoridades estadounidenses sigue escalando, ahora con un nuevo frente: el financiero.
De acuerdo con documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, todos los bienes, propiedades e incluso ganancias económicas de los acusados podrían ser objeto de decomiso, en caso de comprobarse que están vinculados con actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico.
La acusación no solo contempla posibles sanciones penales, sino también el desmantelamiento de las estructuras económicas que, presuntamente, habrían sido utilizadas para facilitar operaciones del crimen organizado. Esto implica que cualquier ingreso, inmueble o activo relacionado directa o indirectamente con estas actividades podría ser asegurado por las autoridades estadounidenses.
El caso forma parte de una investigación impulsada por fiscales del Distrito Sur de Nueva York, quienes acusan a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios de colaborar con el Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos y apoyo político.
Según las imputaciones, los señalados habrían facilitado operaciones del narcotráfico, incluyendo el traslado de drogas hacia Estados Unidos, lo que derivó en una ofensiva legal que ahora también apunta a debilitar su poder económico.
Este componente financiero marca un giro relevante en el caso, ya que no solo busca castigar posibles delitos, sino también impedir que los acusados conserven recursos que, de acuerdo con la investigación, podrían provenir de actividades ilegales.
Mientras tanto, el gobierno mexicano ha cuestionado la solidez de las acusaciones, argumentando que no se han presentado pruebas suficientes para proceder legalmente en territorio nacional, lo que mantiene abierto un conflicto diplomático entre ambos países.
En medio de este escenario, el caso continúa evolucionando y podría tener implicaciones políticas, legales y económicas tanto en México como en Estados Unidos.
