La presidenta Claudia Sheinbaum reveló que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga a varios empresarios estadounidenses por su presunta participación en una red de contrabando y evasión fiscal de combustibles, conocida como huachicol fiscal. Las declaraciones abrieron una nueva dimensión del caso, al implicar actores fuera de México y sugerir complicidades binacionales en el tráfico ilegal de hidrocarburos.

Durante su conferencia de prensa, Sheinbaum sostuvo que existen carpetas de investigación abiertas que apuntan hacia compañías y personas físicas radicadas en Estados Unidos. “No se podría entender cómo entraba combustible ilegal desde Estados Unidos si no hubiera alguien del otro lado”, afirmó.

El llamado huachicol fiscal no se limita al robo físico de gasolina o diésel. Se trata de un esquema de importación fraudulenta de combustibles, donde empresas pantalla presentan facturas falsas o triangulan operaciones para introducir producto sin pagar impuestos.

Las pérdidas para el erario se cuentan en miles de millones de pesos, y se estima que el boquete fiscal por este tipo de operaciones ha sido muy significativo en los últimos años.

Sheinbaum reconoció que el flujo ilegal proveniente del norte ha disminuido considerablemente, derivado de las acciones conjuntas entre la FGR, la Secretaría de Marina y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), enfocadas en detectar cargamentos irregulares y operaciones simuladas.

La mandataria también confirmó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) mantiene sus propias pesquisas sobre el mismo fenómeno, lo que podría abrir la puerta a una investigación conjunta México–EE. UU. por contrabando y lavado de dinero.

“Hay un componente internacional evidente. Si el combustible cruzaba la frontera, alguien lo permitía. Y estamos colaborando para esclarecerlo”, dijo Sheinbaum.

Hasta ahora, la FGR no ha revelado nombres ni el número exacto de empresarios investigados, pero trascendió que varios casos ya se judicializaron y que algunos jueces federales han recibido solicitudes de órdenes de aprehensión.

En medio de este escándalo, el gobierno federal impulsa una reforma profunda del sistema aduanero y nuevos controles tecnológicos en las terminales de importación, con el fin de evitar que el combustible ingrese al país por vías no registradas.

Sheinbaum anticipó que, para 2026, se endurecerán los aranceles y controles fiscales sobre el comercio de combustibles, una estrategia que busca “cerrar el boquete” por donde se filtra el huachicol fiscal

El caso marca un punto de inflexión en la lucha contra el contrabando de combustibles: por primera vez, las investigaciones mexicanas apuntan directamente a empresarios del otro lado de la frontera.

Con ello, el “huachicol fiscal” deja de ser un delito doméstico para convertirse en un problema transnacional de evasión y corrupción energética, donde la línea entre el negocio legal y el crimen organizado se vuelve difusa.