El cierre de gobierno más largo en la historia de Estados Unidos llegó oficialmente a su fin luego de más de seis semanas. El expresidente Donald Trump firmó ayer miércoles un acuerdo de financiamiento temporal que permitió reabrir las agencias federales y poner fin a 43 días de parálisis administrativa.

El Congreso estadounidense aprobó el paquete presupuestal con 222 votos a favor y 209 en contra, y posteriormente Trump lo firmó desde la Casa Blanca. El acuerdo permitió reanudar las operaciones gubernamentales hasta el 30 de enero de 2026, aunque dejó fuera varios temas clave de negociación, como la extensión de subsidios de salud impulsados por el Partido Demócrata.

Durante las más de seis semanas que duró el cierre, cientos de miles de empleados federales permanecieron sin recibir salario, mientras que servicios esenciales —como el control aéreo, los programas alimentarios y las inspecciones sanitarias— sufrieron interrupciones o retrasos.

Tras la firma, Trump declaró que “esto no debe volver a suceder” y responsabilizó a los demócratas de haber llevado al país “a un punto de bloqueo político sin precedentes”. Por su parte, líderes demócratas celebraron la reapertura, aunque advirtieron que el acuerdo solo ofrece un respiro temporal y que las negociaciones deberán retomarse en diciembre.

El costo económico del cierre federal fue significativo. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), la paralización de actividades podría representar pérdidas de entre 7 000 y 14 000 millones de dólares en producto interno bruto (PIB) que no se recuperarán, incluso con la reapertura.

Analistas de la firma EY (Ernst & Young) estimaron que el impacto rondó los 7 000 millones de dólares por semana de cierre, afectando principalmente al consumo interno y a la contratación pública. El organismo también calculó que el crecimiento del PIB real de Estados Unidos se redujo entre 1 y 2 puntos porcentuales durante el cuarto trimestre de 2025, debido a la interrupción prolongada.

Además de la pérdida directa en producción, los efectos colaterales incluyeron una caída en la demanda de bienes y servicios, retrasos en pagos a contratistas federales, y menor gasto de consumo entre los más de 800 000 trabajadores que estuvieron sin recibir sueldo durante casi mes y medio.

Las agencias de transporte, seguridad y salud también enfrentaron costos adicionales por la reactivación gradual de operaciones, lo que incrementará el gasto gubernamental a corto plazo.

El cierre de gobierno, que se prolongó por 43 días, fue el más extenso en la historia moderna de Estados Unidos, superando al ocurrido en 2018-2019. Analistas consideran que este episodio dejó un fuerte impacto político y económico, además de cuestionamientos sobre la efectividad del liderazgo en Washington.

Aunque la crisis quedó resuelta, persisten las tensiones en el Congreso y la posibilidad de que un nuevo desacuerdo presupuestal vuelva a poner al gobierno en riesgo de otro cierre a inicios del próximo año.