El Gobierno de Estados Unidos solicitó este lunes al juez federal Alvin Hellerstein, del Distrito Sur de Nueva York, aplazar la próxima audiencia en el caso penal contra el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro Moros y su esposa Cilia Flores de Maduro. La vista, programada originalmente para el 17 de marzo de 2026, ahora podría celebrarse el 26 de marzo de 2026.
La petición fue presentada por el fiscal federal Jay Clayton, quien argumentó que el aplazamiento es necesario por “razones logísticas” y para permitir un mejor intercambio de pruebas entre la fiscalía y la defensa, evitando posibles conflictos de agenda.
La solicitud cuenta con el consentimiento de la defensa de Maduro y Flores, una señal de que ambas partes buscan más tiempo para revisar evidencias, evaluar la estrategia legal y preparar mociones previas al juicio.
Este proceso penal se inició tras el arresto de Maduro y Cilia Flores en Estados Unidos el 3 de enero de 2026, parte de una operación autorizada por la administración estadounidense. Ambos se encuentran detenidos en Nueva York, acusados en una corte federal por cargos que incluyen:
- Narcotráfico y narcoterrorismo
- Conspiración para importar cocaína a EE. UU.
- Lavado de dinero
- Posesión ilegal de armas y otros delitos graves
En su primera audiencia en enero, Maduro se declaró no culpable y afirmó ser “un hombre inocente”, además de cuestionar la legitimidad de su detención y traslado a Estados Unidos.
El retraso de la audiencia es significativo por varias razones:
- Permite a la fiscalía presentar formalmente el descubrimiento de pruebas, un paso clave antes de un juicio federal.
- Da tiempo a la defensa para analizarlas y preparar mociones, lo que puede influir en la estrategia de Maduro y Flores.
- Evita conflictos de agenda y problemas logísticos, lo cual —según el documento presentado al tribunal— es importante para garantizar un proceso ordenado y que respete las normas judiciales.
La reprogramación al 26 de marzo ofrece también un margen mayor para negociaciones legales, acuerdos entre las partes o nuevas intervenciones de defensa o fiscalía, aunque aún no hay indicios públicos de cambios sustanciales en la acusación.
