El nuevo esquema de evaluación del personal del Poder Judicial de la Federación (PJF) será modificado luego de las inconformidades expresadas por trabajadores y sindicatos, quienes advirtieron que algunos de sus criterios podían afectar su estabilidad laboral.

Tras una reunión en la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), representantes sindicales y autoridades del Órgano de Administración Judicial (OAJ) acordaron retirar las disposiciones más controvertidas del mecanismo. El ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, participó en el diálogo y firmó el acuerdo con las modificaciones.

Entre los cambios pactados se encuentra eliminar cualquier disposición que permita aplicar evaluaciones con consecuencias sancionatorias o que puedan derivar en la separación de los trabajadores de sus cargos. También se retirará la posibilidad de que los titulares de las áreas soliciten evaluaciones extraordinarias al personal.

Otro de los puntos que será revisado corresponde a los porcentajes asignados a los distintos criterios de evaluación, particularmente aquellos que podrían quedar sujetos a interpretaciones o valoraciones subjetivas.

La finalidad del nuevo planteamiento será establecer expresamente que las evaluaciones deben servir para fortalecer la eficiencia, eficacia y calidad en la impartición de justicia, y no convertirse en un mecanismo de castigo para quienes laboran en la institución.

La Suprema Corte informó que las modificaciones sustanciales al acuerdo serán publicadas próximamente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La controversia surgió luego de que el Órgano de Administración Judicial publicara el 5 de noviembre los lineamientos para evaluar el desempeño del personal de carrera judicial. Los criterios generaron preocupación entre trabajadores de juzgados y tribunales, quienes cuestionaron el peso de los exámenes y la participación de sus superiores en la calificación.

Las inconformidades derivaron en un paro de labores y movilizaciones en distintas entidades del país, incluida la Ciudad de México. Los trabajadores exigían revisar las disposiciones y contar con garantías para proteger su antigüedad y permanencia en sus puestos.

Con el acuerdo alcanzado, las autoridades judiciales aceptaron modificar los puntos que provocaron mayor rechazo entre la plantilla laboral. El siguiente paso será la publicación oficial de los cambios para conocer el contenido definitivo de las nuevas disposiciones.