El presidente Donald Trump anunció este domingo que propondrá el pago de al menos 2 000 dólares por persona a la mayoría de los ciudadanos estadounidenses, excluyendo a quienes tienen ingresos elevados, financiados mediante los ingresos recaudados por los aranceles impuestos al comercio internacional durante su administración. La medida se da en un contexto en que sus amplios poderes arancelarios están siendo cuestionados ante la Corte Suprema de Estados Unidos, en lo que se perfila como un enfrentamiento histórico sobre la autoridad ejecutiva en materia de comercio exterior.

Trump afirmó que los aranceles han generado miles de millones de dólares en ingresos, lo que permitiría pagar el bono y contribuir al pago de la deuda nacional, pero no detalló los mecanismos específicos de distribución ni los criterios precisos de elegibilidad. Los analistas destacan que, aunque hay ingresos importantes, podrían existir riesgos inflacionarios y efectos adversos sobre el comercio internacional.

La Corte Suprema está evaluando si el presidente tenía autoridad legal para imponer aranceles tan amplios sin la aprobación del Congreso, bajo la ley de 1977 denominada International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). Durante las audiencias, varios jueces mostraron escepticismo sobre la amplitud de estos poderes y cuestionaron la legalidad de los aranceles. Dos tribunales inferiores ya habían fallado que la administración Trump podría haber excedido su autoridad, lo que significa que la implementación del bono depende en gran medida de la decisión final de la Corte.

La propuesta enfrenta interrogantes sobre la elegibilidad de los beneficiarios, la legalidad de los aranceles y los posibles efectos económicos secundarios. Si se implementa, representaría un hito en la utilización de ingresos por comercio exterior para redistribución social. Sin embargo, si la Corte falla en contra, el programa podría quedar bloqueado, mientras que un fallo favorable abriría un nuevo precedente sobre el uso de ingresos arancelarios para beneficios directos a los ciudadanos.