La Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional que establece nuevas reglas de nacionalidad para quienes busquen ocupar la Presidencia de México, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

El dictamen modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución y establece que quienes aspiren a esos cargos deberán contar únicamente con la nacionalidad mexicana. En caso de tener otra nacionalidad, deberán renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatos.

La propuesta fue aprobada inicialmente en lo general con 344 votos a favor, 116 en contra y una abstención. Posteriormente, después de un debate que se prolongó durante varias horas, el pleno avaló el dictamen en lo particular con 334 votos a favor, 109 en contra y una abstención, y lo turnó al Senado para continuar con el proceso legislativo

La modificación no establece una prohibición general para que los mexicanos tengan doble nacionalidad.

El cambio está dirigido específicamente a quienes pretendan ocupar la titularidad del Poder Ejecutivo federal o de los poderes ejecutivos estatales, así como la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

El texto de la iniciativa plantea que para ser Presidente de la República, gobernador o gobernadora, o titular de la Jefatura de Gobierno, se deberá ser ciudadano mexicano por nacimiento y no tener ni adquirir otra nacionalidad.

En caso de contar con una segunda nacionalidad, ésta deberá ser abandonada antes de solicitar el registro como candidato.

Además, durante el ejercicio del cargo, la persona no podrá adquirir o solicitar otra nacionalidad, invocar ante autoridades extranjeras una nacionalidad distinta de la mexicana ni acogerse a la protección diplomática de otro Estado.

La propuesta también contempla restricciones relacionadas con el uso de pasaportes o documentos de identidad expedidos por otros países y con el ejercicio de derechos políticos derivados de una nacionalidad extranjera.

No elimina la doble nacionalidad para todos los mexicanos

Uno de los puntos centrales de la discusión legislativa fue precisar que la reforma no elimina el derecho de los mexicanos a contar con más de una nacionalidad.

La restricción se concentra en quienes pretendan competir por los principales cargos ejecutivos del país.

Por ello, un ciudadano mexicano podría mantener una segunda nacionalidad sin que ello implique por sí mismo perder sus derechos como mexicano; la condición adicional se aplicaría si busca registrarse como candidato a la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Debate entre Morena y la oposición

La discusión generó posiciones encontradas entre los grupos parlamentarios.

Morena y sus aliados defendieron la reforma bajo el argumento de que quienes ocupen los principales cargos ejecutivos deben mantener un vínculo jurídico y político exclusivamente con México.

Durante el debate, Ricardo Monreal Ávila sostuvo que la medida busca reforzar la soberanía nacional y evitar posibles conflictos derivados de la coexistencia de vínculos jurídicos con otros Estados. La mayoría legislativa rechazó que la propuesta tenga como objetivo afectar a los mexicanos que viven en el extranjero o a las personas con doble nacionalidad.

En contraste, legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano cuestionaron la necesidad de establecer la restricción y señalaron dificultades prácticas para renunciar a una nacionalidad extranjera.

Uno de los argumentos expuestos por la oposición fue que la renuncia a una nacionalidad no depende exclusivamente de la voluntad del ciudadano, debido a que cada país tiene procedimientos y requisitos diferentes. El coordinador del PAN, Elías Lixa, puso como ejemplo que en algunos países la nacionalidad adquirida por nacimiento puede ser irrenunciable o el procedimiento puede depender de la resolución de autoridades extranjeras.

También se planteó durante la discusión que la condición pudiera aplicarse después de la elección y antes de asumir el cargo, en lugar de convertirse en un requisito previo al registro de la candidatura. Esa propuesta no modificó el texto aprobado por la Cámara de Diputados.

Con la aprobación en ambas etapas —general y particular—, el dictamen fue enviado al Senado de la República, donde deberá ser analizado y votado como parte del procedimiento de reforma constitucional.

El trámite legislativo todavía no concluye. Al tratarse de una modificación constitucional, después de la aprobación del Senado también deberá cumplirse con las etapas previstas para este tipo de reformas, incluida la participación de las legislaturas de las entidades federativas.

El Sistema de Información Legislativa identifica la iniciativa como una propuesta para establecer la nacionalidad única para el ejercicio de la titularidad de los poderes ejecutivos federal y locales. Fue presentada por el Ejecutivo federal el 1 de septiembre y aprobada previamente en comisiones antes de llegar al pleno.

¿Cuándo podría aplicarse?

La reforma está planteada para tener efectos a partir de los procesos electorales posteriores a su entrada en vigor. La discusión legislativa ha ubicado su eventual aplicación a partir de 2028, por lo que no modificaría las reglas de las elecciones de gubernaturas previstas para 2027.

Por ahora, la reforma no está vigente. Su aprobación en la Cámara de Diputados representa un paso dentro del procedimiento constitucional, pero todavía falta que el Senado determine si la avala, modifica o rechaza.

De concretarse todo el proceso legislativo, quienes pretendan competir por la Presidencia de México, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México deberán acreditar la nacionalidad mexicana exclusiva en los términos que finalmente establezca la reforma.

El debate continuará ahora en el Senado, donde se definirá el siguiente paso de una propuesta que ha generado posiciones encontradas entre quienes la consideran una medida para reforzar el vínculo de los futuros gobernantes con México y quienes cuestionan sus efectos sobre ciudadanos con doble nacionalidad.