Ciudad de México, 14 de octubre de 2025 – La Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma a la Ley de Amparo con 345 votos a favor, 131 en contra y 3 abstenciones, en una sesión marcada por la presentación de más de 300 reservas al dictamen. La iniciativa, promovida por el gobierno de Claudia Sheinbaum, busca modernizar el sistema de justicia y agilizar los procesos de protección de derechos colectivos.

Las bancadas de Morena, PT, PVEM y MC defendieron la reforma, destacando que permitirá mayor eficiencia judicial, adaptación a los procedimientos digitales y prevención de abusos en el uso de los amparos. La diputada Olga Sánchez Cordero, exministra de la Suprema Corte y miembro de Morena, reconoció algunas preocupaciones sobre la redacción, pero insistió en la importancia de actualizar el marco legal.

La oposición, liderada por Rubén Moreira del PRI, cuestionó la reforma y la calificó de inconstitucional, señalando que contraviene el artículo primero de la Constitución, que protege los derechos humanos y garantiza la igualdad ante la ley. Entre los principales puntos de crítica destacan el debilitamiento del Estado de Derecho, la limitación del interés legítimo para presentar amparos, la reducción de protecciones legales, la falta de claridad en la retroactividad y el riesgo de control político sobre ciertos amparos.

Legisladores del PAN y PRD coincidieron en que la reforma, tal como está redactada, debilita los mecanismos de control judicial frente a actos de autoridad y podría abrir la puerta a abusos o decisiones arbitrarias, afectando la protección efectiva de los derechos humanos en México.

Tras la aprobación en lo general, la reforma será enviada al Senado de la República para su análisis y discusión. Se espera que continúen las negociaciones entre las distintas fuerzas políticas, y algunos expertos advierten que ciertos artículos podrían ser impugnados ante la Suprema Corte si se consideran violatorios de derechos fundamentales.

La reforma a la Ley de Amparo representa un cambio significativo en el sistema de justicia mexicano, con implicaciones directas en la protección de derechos humanos, la supervisión judicial y la participación ciudadana en la defensa de intereses colectivos. La polémica generada refleja la división política y el debate sobre los límites entre eficiencia judicial y garantías legales en México.