El diputado local por el Partido del Trabajo (PT), Leonardo Almaguer Castañeda, reconocido en redes por aparecer hoy en un video donde admite públicamente que tiene antecedentes penales relacionados con hechos ocurridos hace más de 20 años, se ha convertido en el centro de una fuerte discusión política en Jalisco.
De acuerdo con documentos judiciales y reportes de medios, Almaguer enfrentó un proceso penal en 2004 por presunta participación en delitos de robo calificado y delincuencia organizada, incluyendo su detención junto con otras personas por robos a camiones repartidores de mercancía en el estado.
Reconocimiento público
Este jueves 5 de febrero de 2026 circuló un video en redes sociales donde el legislador admite que posee antecedentes penales de ese periodo. La difusión del material ha marcado un punto de inflexión en la atención pública al caso.
Aunque el video confirma que él reconoce su pasado, no se trata de una declaración de culpabilidad en un proceso judicial actual, sino de un reconocimiento de hechos que ocurrieron hace dos décadas. Tras esos hechos, Almaguer obtuvo beneficios legales para concluir el proceso y, posteriormente, ha desarrollado su carrera política.
La revelación ha generado reacciones encontradas entre actores políticos y la sociedad jalisciense. El gobernador Pablo Lemus Navarro ha demandado que el diputado explique por qué no transparentó esos antecedentes durante la campaña electoral ni ante la ciudadanía, aunque aclaró que no ha pedido su renuncia ni su destitución, y reconoció el derecho a la reinserción social de quien ha cumplido con sus penas.
Por su parte, legisladores de Hagamos han llamado a investigar una posible filtración ilegal de documentos oficiales sobre el expediente penal de Almaguer, alegando que se trata de una acción facciosa para construir una campaña mediática en su contra.
Defensa del PT
La dirigencia del PT en Jalisco ha defendido al diputado, calificando los señalamientos como una persecución política y subrayando que Almaguer no tenía impedimento legal para ser registrado como candidato, al no estar sujeto a restricciones que prohíban la candidatura por antecedentes que ya fueron satisfechos legalmente.
El caso también ha reavivado el debate sobre la necesidad de reformar la legislación local para que las personas con antecedentes penales enfrenten requisitos más estrictos en procesos electorales, incluyendo propuestas como controles de confianza y cartas de no antecedentes penales para aspirantes a cargos públicos.
