Ricardo Thompson Navarro, fundador de la empresa Ingemar y señalado como socio del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, recibió una segunda medida de prisión preventiva dentro de la investigación por una presunta red de contrabando de combustible mediante ferrotanques.
La nueva medida cautelar fue dictada el pasado 13 de agosto por una jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México. Thompson Navarro se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano.
Esta prisión preventiva justificada se suma a la prisión preventiva oficiosa que le fue impuesta en julio, luego de que fuera vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos.
Ante la nueva medida, el empresario promovió un amparo ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con residencia en Toluca, con el objetivo de dejarla sin efecto.
Sin embargo, el juez negó la suspensión provisional al considerar que la medida cautelar impuesta por la jueza de control no resulta ostensiblemente inconstitucional y que la autoridad judicial cuenta con facultades para imponerla conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales.
Thompson Navarro fue detenido en julio en Ensenada, Baja California, como parte del operativo de la Fiscalía General de la República (FGR) contra una presunta red dedicada al contrabando de combustibles desde Estados Unidos hacia México.
La investigación señala a Ingemar como una de las empresas presuntamente utilizadas dentro del esquema. De acuerdo con la FGR, la compañía habría registrado operaciones financieras millonarias y movimientos que no correspondían con su perfil fiscal.
El caso también involucra a Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California y accionista mayoritario de Ingemar, quien fue detenido en julio y posteriormente vinculado a proceso junto con otros acusados por delitos relacionados con el llamado huachicol fiscal.
De acuerdo con las investigaciones de la FGR, el esquema habría utilizado ferrotanques para introducir combustible a México mediante declaraciones presuntamente falsas o incompletas ante las autoridades aduaneras.
Con la resolución más reciente, Thompson Navarro permanecerá sujeto a la medida cautelar mientras continúa el proceso judicial y se resuelven los recursos legales promovidos por su defensa.
