Juan Alán “N”, exservidor público del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (CECOP), fue detenido en Los Ángeles, California, luego de permanecer prófugo de la justicia sonorense. La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que enfrenta una orden de aprehensión por presunto peculado de aproximadamente 65 millones de pesos y otra por enriquecimiento ilícito superior a 120 millones.

La captura se concretó el martes 10 de noviembre mediante la coordinación de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) con personal de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés). De acuerdo con el fiscal general, Gustavo Rómulo Salas Chávez, el exfuncionario fue localizado cuando se dirigía a su lugar de trabajo, relacionado con la remodelación de departamentos para personal retirado.

Las investigaciones señalan que Juan Alán “N” se desempeñaba como auxiliar administrativo del CECOP y que, entre el 17 de enero y el 1 de abril de 2025, presuntamente realizó 234 transferencias electrónicas por un monto de 65 millones 626 mil 697 pesos. Estos movimientos forman parte de la indagatoria por peculado en perjuicio del patrimonio estatal.

Además, enfrenta una segunda investigación por presunto enriquecimiento ilícito, cuyo monto se estima en alrededor de 120 millones de pesos. Por este caso también está involucrada su esposa, Andrea Fernanda “N”, quien fue detenida, vinculada a proceso y permanece recluida en Sonora.

El caso ya tenía antecedentes administrativos. En enero de 2026, el Tribunal de Justicia Administrativa de Sonora impuso a Juan Alán “N” una inhabilitación de 50 años para ocupar cargos públicos y una sanción económica de 134 millones 895 mil 183 pesos, derivadas de una investigación por responsabilidades administrativas graves relacionadas con el CECOP.

Tras su detención en California, el exservidor público quedó a disposición de un juez migratorio de Estados Unidos. La Fiscalía de Sonora realiza las gestiones para conseguir su entrega a México y presentarlo ante el juez que lo requiere; el traslado dependerá de los procedimientos legales de ese país.