Matehuala, San Luis Potosí.— La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí confirmó la detención de Jorge Eduardo “N”, secretario de Seguridad Pública del municipio de Matehuala, por su presunta implicación en la desaparición de siete electricistas, quienes fueron localizados con vida el pasado lunes tras un operativo de búsqueda masivo.
El funcionario municipal fue arrestado este martes en el marco de las investigaciones sobre los hechos ocurridos el 21 de marzo, cuando los trabajadores fueron reportados como desaparecidos mientras realizaban actividades en la región. La detención se efectuó luego de que la Fiscalía confirmara indicios de participación directa del secretario en la privación de la libertad de las víctimas.
Durante el operativo, las autoridades también aseguraron drogas, incluyendo marihuana y cristal, así como un vehículo oficial, elementos que serán integrados como evidencia en la investigación. La detención fue realizada por agentes ministeriales en coordinación con corporaciones estatales y municipales, en un procedimiento que buscó garantizar la seguridad y transparencia del arresto.
El hallazgo de los siete electricistas con vida fue resultado de un operativo conjunto que movilizó a más de 500 elementos de seguridad, incluyendo policías estatales y ministeriales. Las víctimas recibieron atención médica y se encuentran bajo protección mientras continúan las investigaciones.
El caso ha generado gran preocupación en la comunidad local y en el ámbito nacional, debido a que involucra a un funcionario de alto rango encargado de la seguridad ciudadana. Autoridades estatales enfatizaron que no habrá impunidad, y que todas las líneas de investigación se están siguiendo para deslindar responsabilidades y esclarecer la posible participación de más personas en el delito.
La Fiscalía General de San Luis Potosí informó que continuará con las diligencias y que se presentarán ante el juez todas las pruebas recabadas para determinar la situación legal del secretario y su vinculación con la desaparición de los trabajadores.
Este caso subraya la necesidad de reforzar la supervisión sobre funcionarios encargados de la seguridad y ha reavivado el debate sobre la coordinación entre corporaciones municipales y estatales para prevenir abusos de autoridad y delitos que afecten a la población.
