La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos ha desplegado un programa de vigilancia en carreteras del país para monitorear a conductores mediante lectores automáticos de matrículas (ALPR, por sus siglas en inglés) y cámaras ocultas, según una investigación revelada por la Associated Press. La red de vigilancia analiza rutas, frecuencia de viajes y patrones de vida (“patterns of life”) para identificar lo que consideran “comportamientos sospechosos” y detener a vehículos, a veces por infracciones menores. 

De acuerdo con exfuncionarios y documentos consultados por medios, algunas cámaras lectoras están disfrazadas dentro de conos de señalización vial (“traffic drums”) o equipo de construcción, y permanecen activas de forma permanente incluso cuando, según políticas oficiales, deberían retirarse tras una investigación puntual. 

El programa, conocido internamente como Conveyance Monitoring and Predictive Recognition System (CMPRS), recopila imágenes de matrículas y las compara con “listas calientes” para generar alertas sobre vehículos que podrían estar involucrados en actividades vinculadas con tráfico de personas o drogas.  Según antiguos miembros de la agencia, estas alertas pueden conducir a que otros cuerpos policiales detengan e interroguen a los conductores. 

En algunos casos, los agentes han parado automóviles citando infracciones mínimas, como exceso de velocidad, falta de señales de giro o incluso ambientadores colgando, para luego someter a los ocupantes a preguntas más profundas o registros del vehículo. 

Expertos en derechos civiles y privacidad han señalado que este tipo de vigilancia masiva podría violar la Cuarta Enmienda de la Constitución de EE.UU., que protege contra registros e incautaciones “irrazonables”, dado que muchos de estos paros no se basan en una sospecha directa de delito. 

Desde la Patrulla Fronteriza y la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), se defiende el programa argumentando que sus operaciones están reguladas por “políticas multilayer (capas)” y que los lectores de placas son esenciales para desarticular redes criminales. Aseguran que el uso del sistema es responsable y se limita a fines de seguridad claramente definidos. 

No obstante, la expansión de esta red más allá de la franja fronteriza —incluso en estados muy alejados de la línea de conflicto— genera protestas de sectores que alertan de un posible abuso de poder y de una transformación de la Patrulla Fronteriza en una fuerza de inteligencia doméstica.