El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó este viernes la destitución de Juan Francisco Vera Ayala, quien se desempeñaba como delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Guanajuato, luego de que se detectaran anomalías en el operativo mediante el cual fueron asegurados alrededor de 59 millones de litros de combustible en San José Iturbide.
Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, realizada en Tabasco, García Harfuch explicó que la decisión fue tomada después de que la propia FGR detectara inconsistencias relacionadas con el procedimiento seguido en este caso.
El funcionario señaló que el operativo se realizó aproximadamente dos semanas antes de que se hiciera público el aseguramiento y cuestionó que la información se hubiera dado a conocer sin que se hubiera verificado completamente la situación del combustible y de la empresa relacionada.
“Fue destituido porque el equipo de la fiscal general de la República encontró ciertas anomalías en este operativo”, explicó García Harfuch durante la conferencia.
El secretario agregó que actualmente la Fiscalía lleva a cabo una revisión de la documentación proporcionada por las empresas involucradas para determinar si existe alguna irregularidad.
FGR revisa la legalidad del combustible
El caso permanece bajo investigación de la Fiscalía General de la República, que busca establecer la propiedad, procedencia y trazabilidad financiera y fiscal del combustible localizado en las instalaciones de San José Iturbide.
La revisión resulta relevante debido a que, hasta el momento, no se ha establecido de manera definitiva que los 59 millones de litros correspondan a combustible ilegal.
La presidenta Claudia Sheinbaum ya había señalado un día antes que la investigación no podía considerarse concluida mientras la FGR analizara los permisos de la empresa relacionada con el almacenamiento del hidrocarburo.
La Fiscalía también ha indicado que analiza documentos y realiza entrevistas con directivos de la empresa vinculada con el aseguramiento para determinar la propiedad y legalidad del producto.
El operativo en San José Iturbide
El aseguramiento fue realizado en instalaciones ubicadas en la comunidad de La Fragua, en el municipio de San José Iturbide, Guanajuato.
Las autoridades informaron inicialmente que se habían asegurado aproximadamente 59 millones de litros de presunto combustible ilegal, además de tanques de almacenamiento, unidades de carga, contenedores y documentación.
La investigación se originó a partir del aseguramiento de una pipa con aproximadamente 33 mil litros de diésel cuya procedencia no pudo ser acreditada, de acuerdo con la información proporcionada posteriormente por las autoridades federales.
A partir de ese caso se realizaron diversas diligencias que llevaron hasta las instalaciones donde fueron localizados los millones de litros de combustible.
Operativo ocurrió antes de que se anunciara
Uno de los elementos señalados por García Harfuch es que el operativo se llevó a cabo aproximadamente dos semanas antes de que se informara públicamente sobre el aseguramiento.
El secretario explicó que la investigación había comenzado en la representación estatal de la FGR y posteriormente fue atraída por áreas especializadas de la institución.
La información sobre el aseguramiento se dio a conocer el 17 de septiembre, mientras que distintas investigaciones periodísticas han señalado que las diligencias en las instalaciones se habían realizado previamente.
La Fiscalía busca ahora determinar si el combustible localizado efectivamente tenía una procedencia ilícita o si parte o la totalidad del producto puede acreditar legalmente su origen.
García Harfuch no detalló públicamente todas las anomalías detectadas, pero explicó que la FGR está revisando desde el primer aseguramiento la documentación entregada por las empresas involucradas.
El funcionario indicó que el propósito es verificar si existe alguna irregularidad en la documentación y en el procedimiento seguido durante el operativo.
La investigación permanece abierta y la FGR deberá determinar, con base en los documentos, peritajes y entrevistas, cuál es la situación jurídica del combustible asegurado.
Por ello, el caso pasó de ser presentado inicialmente como un importante aseguramiento de presunto huachicol a una investigación en la que todavía está pendiente determinar la legalidad y procedencia de los 59 millones de litros.
Hasta este viernes, la información confirmada por el gobierno federal es que el delegado de la FGR en Guanajuato fue separado del cargo por las anomalías detectadas y que la Fiscalía continúa revisando el caso.
