Autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF CDMX) realizaron un operativo en el albergue infantil Casa de las Mercedes, ubicado en la colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc, luego de recibir denuncias por presunto abuso sexual, trata de personas y explotación de menores.

Durante el operativo, se trasladó a aproximadamente 80 menores a instalaciones seguras bajo custodia estatal, mientras se desarrollan las investigaciones. Las autoridades aseguraron el inmueble y colocaron sellos de suspensión por incumplimiento de medidas de seguridad, protección civil y funcionamiento administrativo.

El caso surgió luego de que una menor de 17 años denunciara que fue trasladada de manera irregular al domicilio de la madre de la directora del albergue, donde habría sido obligada a realizar labores domésticas y presuntamente agredida sexualmente por Aquiles N., hermano de la directora, quien ya fue vinculado a proceso por violación agravada.

La directora del albergue, María Ángela González Colimoro, se encuentra bajo investigación mientras la Fiscalía analiza todas las denuncias previas relacionadas con la institución. Se han abierto al menos dos carpetas de investigación: una por violación agravada y otra por posible trata de personas, en torno a los menores que eran alojados en el albergue.

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, señaló que “estas niñas y niños eran familia” y destacó la importancia de garantizar su protección emocional, psicológica y legal mientras se desarrolla el proceso judicial.

El albergue Casa de las Mercedes, que funcionaba como refugio para víctimas infantiles de trata y explotación sexual, se encuentra actualmente bajo intervención oficial, mientras las autoridades aseguran que todos los menores resguardados serán atendidos y reubicados en entornos seguros. La FGJ CDMX advirtió que se dará seguimiento puntual al caso y que no se tolerará ninguna irregularidad en la protección de menores en instituciones de este tipo.

Este caso ha generado gran preocupación en la sociedad y en organizaciones de derechos infantiles, pues evidencia la vulnerabilidad de niños y adolescentes incluso dentro de instituciones diseñadas para su protección.