Una nueva controversia sacude al Poder Judicial de la Federación luego de que trabajadores del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) denunciaron despidos masivos y presuntas prácticas de coacción por parte del Órgano de Administración Judicial (OAJ), organismo encargado de la administración interna tras la reciente reforma judicial.
De acuerdo con las denuncias, al menos 40 trabajadores —principalmente del área de trabajo social— fueron separados de sus cargos de manera repentina, sin justificación clara, lo que ha generado preocupación entre el personal por posibles violaciones a sus derechos laborales.
Los afectados señalaron que además de los despidos, han existido presiones para aceptar nuevas condiciones laborales o integrarse bajo esquemas distintos dentro del nuevo modelo administrativo impulsado por el OAJ. Incluso, acusaron que algunos oficios oficiales los identificaban como parte de este órgano, pese a que pertenecían a la Defensoría Pública.
Diversas voces dentro del propio Poder Judicial han advertido sobre un clima de “hostilidad” y trato arbitrario hacia el personal, especialmente en áreas clave para la atención de personas en situación vulnerable, como quienes requieren defensa legal gratuita.
El Órgano de Administración Judicial, creado como parte de la reestructura del sistema judicial en México, tiene entre sus funciones la gestión del personal, recursos y operación de instituciones como la Defensoría Pública, lo que lo coloca en el centro de esta polémica.
Hasta el momento, no se ha emitido una postura oficial detallada que aclare las razones de los despidos ni las denuncias de coacción, mientras crece la preocupación sobre el impacto que estas decisiones podrían tener en el acceso a la justicia para sectores vulnerables.
