Familiares de algunos de los 37 reos trasladados de México a Estados Unidos presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), al asegurar que el envío se realizó sin seguir el procedimiento legal establecido y, por tanto, violó derechos constitucionales.
La denuncia fue interpuesta por abogados y familiares de tres de los internos, quienes argumentan que el traslado no fue una extradición ni un proceso judicial transparente, sino una entrega directa que omitió garantías legales, como la revisión de un juez y la protección del debido proceso.
De acuerdo con los denunciantes, el caso representa una “expulsión o destierro ilegal”, ya que los reos fueron entregados a las autoridades estadounidenses sin que existiera una sentencia firme ni se agotaran los mecanismos previstos por la ley. Los familiares también aseguran que esto podría constituir una violación de tratados internacionales y de la soberanía mexicana.
El traslado de los 37 reos se realizó el pasado 20 de enero desde el penal del Altiplano, en el Estado de México, como parte de un acuerdo bilateral con Estados Unidos para enfrentar el crimen organizado y el narcotráfico. Entre los internos se encuentran presuntos líderes y operadores de distintos cárteles, incluidos el CJNG y el Cártel del Noreste.
Las autoridades mexicanas han defendido el operativo, argumentando que se realizó bajo la Ley de Seguridad Nacional y con respeto a la soberanía del país. Además, aseguraron que los reos no enfrentarán pena de muerte en Estados Unidos, y que la acción busca debilitar a organizaciones criminales con impacto transnacional.
La denuncia de los familiares agrega un nuevo capítulo a la controversia legal y política alrededor del traslado, y abre la posibilidad de que la FGR determine si existen elementos para iniciar una investigación formal y deslindar responsabilidades.
