El avance del crimen organizado ha obligado a diversas empresas mineras a suspender temporal o definitivamente sus operaciones en regiones de Guerrero, Sinaloa y Sonora durante los últimos años, afectando la actividad del sector en el país.
De acuerdo con reportes, la presencia de grupos delictivos ha generado condiciones de inseguridad que dificultan el trabajo en zonas estratégicas para la extracción de minerales, lo que ha derivado en cierres y frenos operativos.
La problemática refleja un desafío creciente para la industria minera, que enfrenta riesgos tanto para su personal como para la continuidad de proyectos, en medio de la disputa territorial de organizaciones criminales en distintas entidades.
