Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) acusaron a la presidenta del organismo, Guadalupe Taddei Zavala, de tener responsabilidad directa en las irregularidades administrativas detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que derivaron en una pérdida de 672 millones de pesos del erario público durante el proceso electoral de 2025. 

De acuerdo con los funcionarios electorales, estas irregularidades se relacionan con la impresión y destrucción de 521 millones de boletas que quedaron sin usarse, lo que implicó un gasto innecesario de recursos públicos. La baja participación ciudadana —cercana al 13.2 % en la elección judicial de junio de 2025— provocó que la mayoría de las boletas impresas debieran ser desechadas conforme a la legislación electoral. 

Los consejeros señalaron que la Presidencia del INE tiene facultades exclusivas en temas administrativos, incluyendo la revisión y aprobación de contratos, así como el nombramiento de titulares en áreas clave. En este contexto, culparon directamente a Taddei por las designaciones y decisiones administrativas que permitieron las irregularidades encontradas por la ASF. 

En particular, la designación de Octavio García como director de Administración fue mencionada como un ejemplo de las decisiones administrativas que ahora están bajo escrutinio, ya que fue hecha por la propia presidenta del Instituto sin la intervención del Consejo General. 

La ASF incluyó estas observaciones dentro de su revisión de la Cuenta Pública 2024, donde también se detectaron fallas en la planeación y en la adjudicación de contratos para la impresión de boletas, incluyendo la falta de estudios de mercado para garantizar la opción más económica antes de adjudicar la producción a proveedores. 

Ante este escenario, algunos consejeros han enfatizado la necesidad de revisar con mayor rigor los procesos administrativos del INE para evitar que recursos públicos sean usados de manera ineficiente, especialmente en procesos electorales donde la participación ciudadana es baja y la transparencia en el uso de fondos es clave para la confianza pública. 

Hasta el momento, la presidencia del INE no ha emitido una postura oficial pública sobre estas acusaciones, mientras que la ASF sigue su análisis sobre posibles responsabilidades administrativas y sanciones derivadas de estas anomalías.