Las decisiones tomadas por Guadalupe Taddei durante su gestión al frente del Instituto Nacional Electoral (INE) volvieron al centro de las críticas, luego de que consejeros electorales cuestionaran el retraso de más de dos meses en la aprobación de un proyecto relacionado con 25 documentos electorales y solicitaran investigar si la demora pudo generar condiciones favorables para determinadas empresas proveedoras.
Durante la sesión del Consejo General del 13 de noviembre, el consejero Martín Faz Mora recordó que el proyecto fue presentado originalmente el 3 de septiembre, pero entonces se propuso devolverlo a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral para una revisión adicional. La entonces consejera presidenta argumentó que todavía debían analizarse aspectos relacionados con distintas modalidades de votación, entre ellas el voto anticipado, el de personas en prisión preventiva y el de mexicanos residentes en el extranjero.
La propuesta fue devuelta y permaneció más de 70 días sin recibir aprobación. Cuando el asunto regresó al Consejo General, los consejeros encontraron que buena parte de los documentos conservaban prácticamente el mismo contenido que en la versión presentada en septiembre.
De acuerdo con lo expuesto por Faz, 13 de los 25 documentos se mantuvieron idénticos, 11 tuvieron modificaciones de imagen y uno más no presentó cambios sustanciales. Para el consejero, esa comparación genera dudas sobre la justificación técnica que se dio para detener el proyecto durante ese periodo.
Faz advirtió que el tiempo transcurrido también redujo el margen disponible para organizar las licitaciones públicas necesarias para producir la documentación electoral rumbo a los comicios de 2027. Por ello, planteó que debe investigarse si la demora respondió a una estrategia para acortar los plazos y crear condiciones que posteriormente permitieran recurrir a adjudicaciones directas.
El consejero señaló que esa posibilidad debe analizarse en el contexto de los señalamientos por presuntas irregularidades en contrataciones del organismo durante la administración de Taddei, así como de posibles conflictos de interés y beneficios a proveedores.
La consejera Carla Humphrey también cuestionó la decisión de septiembre y consideró necesario revisar sus consecuencias. Recordó que la devolución del proyecto fue respaldada por una mayoría del Consejo y sostuvo que las decisiones tomadas por el órgano electoral deben ser examinadas, particularmente cuando existen dudas sobre posibles beneficios indebidos.
La consejera Frida Gómez, quien respaldó la devolución del documento en septiembre, rechazó que se vinculara una decisión técnica con los cuestionamientos de integridad que enfrenta actualmente el Instituto y defendió que las razones de aquella determinación ya habían sido analizadas.
Tras la discusión, el Consejo General dio curso al proyecto para la elaboración de los 25 documentos electorales y consejeros plantearon que el Órgano Interno de Control revise el retraso y determine si existieron irregularidades.
