El Congreso de Estados Unidos elevó la presión sobre México para que deje de otorgar tratos preferenciales a las empresas estatales Pemex y CFE, en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T‑MEC). Legisladores estadounidenses propusieron la instalación de paneles de resolución de controversias para supervisar y garantizar el cumplimiento de las reglas comerciales en el sector energético.
La iniciativa, respaldada por legisladores de ambos partidos, surge ante denuncias de que México limita la participación de empresas estadounidenses en su sector energético al favorecer a sus compañías estatales. Según los promotores de la medida, esta situación afecta la inversión, distorsiona la competencia y contraviene los compromisos establecidos en el T‑MEC.
El proyecto de ley contempla dos acciones concretas:
- Activar paneles de resolución de controversias bajo el capítulo 31 del T‑MEC, específicamente para asuntos energéticos.
- Utilizar la próxima revisión del tratado, programada para julio de 2026, como un mecanismo para exigir que México cumpla con los principios de competencia no discriminatoria y transparencia en el sector energético.
Por su parte, México ha defendido su política energética, asegurando que no existe discriminación y que tanto Pemex como CFE permiten la inversión privada mediante contratos mixtos. Funcionarios mexicanos enfatizan que estas empresas estatales desempeñan un papel estratégico en la seguridad energética del país y que las reformas buscan equilibrar el interés público con la participación privada.
Analistas internacionales consideran que la presión de Estados Unidos refleja la importancia estratégica del sector energético dentro del T‑MEC. La instalación de paneles de controversias podría derivar en recomendaciones o sanciones que obliguen a México a modificar prácticas que limitan la competencia.
El desenlace de este proceso será clave para la relación comercial y energética entre ambos países, y marcará el tono de la revisión del T‑MEC en 2026, momento en el que podrían revisarse políticas, regulaciones y la apertura de mercados a la inversión extranjera en México.
