Más de 250 organizaciones, colectivos de búsqueda y activistas condenaron la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que avala la reforma que elimina el presupuesto mínimo garantizado destinado a medidas de ayuda, asistencia y reparación integral para víctimas. La resolución mantiene vigente el cambio legal que suprime el porcentaje obligatorio que por años funcionó como un blindaje para asegurar recursos fijos al Sistema Nacional de Atención a Víctimas.

Las organizaciones advirtieron que esta decisión representa un retroceso histórico, pues deja la atención a víctimas sujeta a recursos variables, transferencias inciertas y disponibilidad presupuestal del gobierno federal. Según los colectivos, esto afectará directamente apoyos esenciales como traslados, asesoría legal, tratamientos, albergues y procesos de búsqueda, especialmente en un país que enfrenta una crisis de violencia, desapariciones y rezagos forenses.

El pronunciamiento, firmado por más de 250 grupos, acusa a la Corte de “dar la espalda a las víctimas” en un momento en el que el país requiere reforzar, no debilitar, los mecanismos de reparación. Las organizaciones señalaron que el fondo mínimo no era un privilegio, sino una herramienta creada para evitar recortes arbitrarios y garantizar que las instituciones responsables tuvieran condiciones básicas para operar.

Diversos colectivos también cuestionaron que la decisión se haya tomado pese a los constantes señalamientos sobre la insuficiencia presupuestaria. Para 2025, los recursos asignados se mantienen lejos de lo que las organizaciones consideran necesario para cubrir la demanda de apoyos en todo el país. Para ellas, la eliminación del tope mínimo abre la puerta a una reducción progresiva en un sistema que ya opera con saturación y limitaciones.

Grupos de derechos humanos han expresado preocupación adicional por el impacto que la resolución tendrá en la estabilidad institucional y en la seguridad jurídica. Consideran que al permitir la desaparición del piso presupuestal, la SCJN envía un mensaje negativo a miles de familias que llevan años buscando justicia, reparación y verdad.

Aunque la reacción de los colectivos ha sido amplia, el tema no ha ocupado los espacios más visibles de la conversación pública, probablemente por tratarse de un asunto técnico relacionado con finanzas y decisiones judiciales. Sin embargo, entre organizaciones civiles, especialistas y familias de víctimas, la decisión se ha interpretado como un golpe profundo y un riesgo para la protección de derechos ya debilitados.

Los colectivos anunciaron que continuarán impulsando acciones legales y de incidencia para recuperar garantías presupuestales y exigir que el Estado mexicano cumpla con su obligación de garantizar atención y reparación integral a todas las personas afectadas por la violencia.