La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) endureció su postura frente al Gobierno federal al exigir que las mesas de diálogo dejen de ser “discursos” y se traduzcan en soluciones concretas, particularmente en temas de justicia pendientes en Oaxaca.

Previo a una reunión en la Secretaría de Gobernación (Segob), la dirigencia magisterial advirtió que existe una deuda histórica relacionada con hechos de represión y violaciones a derechos humanos que, aseguran, siguen sin resolverse.

La lideresa de la Sección 22, Yenny López, señaló que aún hay víctimas sin reparación, procesos abiertos y casos que involucran tanto a docentes como a integrantes de la sociedad civil que participaron en movilizaciones pasadas. Además, cuestionó que los anuncios oficiales sobre avances no reflejan la realidad que vive el movimiento.

En ese contexto, la CNTE también acusó una posible “revictimización” si el gobierno federal no ofrece respuestas claras, especialmente en torno a hechos ocurridos durante protestas en Oaxaca en años anteriores, como las de 2006 y 2016.

El reclamo se da en medio de una nueva jornada de movilizaciones que ha elevado la presión sobre las autoridades federales. En paralelo, el magisterio mantiene exigencias que van desde mejoras laborales hasta cambios estructurales en el sistema educativo y de pensiones.

De acuerdo con reportes recientes, el movimiento incluso ha fijado plazos para recibir respuestas formales por escrito a su pliego petitorio, lo que refleja el endurecimiento de su estrategia de negociación.

A pesar de que el gobierno ha reiterado su disposición al diálogo, la CNTE insiste en que las mesas instaladas no han generado avances sustanciales, por lo que advierte que sus próximas acciones dependerán directamente de los resultados obtenidos en las negociaciones.

El conflicto se mantiene en un punto clave, donde la presión social, la memoria de agravios pasados y las demandas actuales convergen en una exigencia central: pasar de las promesas a resultados verificables.