La decisión de un juez de suspender la audiencia inicial y permitir la liberación de varios imputados por el incendio ocurrido en una tienda Waldo’s de Hermosillo fue cuestionada por el asesor jurídico de las víctimas, al considerar que la determinación afectó el debido proceso y los derechos de las personas afectadas.

El incendio, registrado el 1 de noviembre de 2025 en el centro de la capital sonorense, dejó un saldo de 24 personas fallecidas y múltiples personas lesionadas. Tras los hechos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora obtuvo diversas órdenes de aprehensión contra personas presuntamente relacionadas con responsabilidades y omisiones que habrían contribuido a la tragedia.

Durante audiencias realizadas a finales de diciembre, el juez del caso determinó suspender la audiencia inicial y posponer la resolución sobre la vinculación a proceso. Al agotarse el plazo constitucional sin que se resolviera la situación jurídica de los detenidos, se ordenó su liberación, sin que ello implicara una exoneración de responsabilidades.

Ricardo Ballesteros López, asesor jurídico de las víctimas, señaló que la suspensión de las audiencias rompió con el principio de continuidad del proceso penal y que existían mecanismos legales, como la ampliación del término constitucional, que habrían permitido continuar con el procedimiento sin necesidad de dejar en libertad a los imputados.

El abogado advirtió que esta decisión genera incertidumbre entre las familias afectadas, al no existir garantía de que las personas liberadas acudan a las próximas audiencias programadas para enero de 2026. Asimismo, consideró que la determinación judicial favoreció a las defensas y colocó a las víctimas en una situación de indefensión.

Ante este escenario, la Fiscalía de Sonora informó que impugnará la resolución judicial, mientras que el asesor jurídico de las víctimas indicó que se analiza acudir a instancias de supervisión judicial para que se revise la actuación del juzgador.

Las autoridades estatales reiteraron que el proceso penal continúa abierto y que la liberación de los imputados no significa el cierre del caso. En tanto, las familias de las víctimas mantienen su exigencia de justicia y de que los hechos sean esclarecidos conforme a derecho.