Demanda un diálogo directo con el Gobierno federal ante lo que califican como un “ataque” al campo.

Organizaciones agrícolas y transportistas de todo el país han convocado a un paro nacional para el lunes 24 de noviembre, que incluirá bloqueos de carreteras, toma de aduanas y cierre de pasos fronterizos, con el objetivo de presionar al Gobierno por la aprobación de la nueva Ley General de Aguas.  

El bloque conformado por el Frente Nacional de Rescate del Campo y la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) anunció que la movilización será la más amplia hasta la fecha, y que incluye además de las vías terrestres la “toma de aduanas”, lo que implica interrumpir el flujo de mercancías.  

¿Qué exigen?

Entre sus principales demandas están:

• Que los granos básicos sean excluidos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).  

• La creación o reactivación de una banca de desarrollo para el campo.  

• Mejores precios de garantía para cultivos como maíz y trigo.  

• Mayor seguridad en carreteras para el transporte de productos agrícolas.  

• Y una revisión profunda de la Ley General de Aguas, que consideran atenta contra sus derechos de agua y propiedad.  

El conflicto se centra en que la iniciativa de ley —impulsada por el Gobierno de Claudia Sheinbaum— estipula que las concesiones de agua ya no podrán transmitirse entre particulares, sino que deberán regresar al Estado para su reasignación. Esto, denuncian los productores, afecta la herencia, venta o valor de sus tierras.  

• Bloqueos carreteros en rutas de mercancías (sin interrumpir transporte de pasajeros) para “tapar el tránsito de mercancías”.  

• Toma de aduanas y pasos fronterizos como forma de presión máxima.  

• Además, anuncian que permanecerán en plantón indefinido frente a la sede de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural hasta que haya un diálogo directo con la Presidenta Sheinbaum, sin intermediarios.  

Transportistas como ANTAC se sumaron para reforzar la movilización y vincular sus propios reclamos (inseguridad en carreteras, condiciones para el transporte de carga) con los del campo, bajo la consigna de “cada bloqueo campesino será también un bloqueo transportista”.  

• Si se lleva a cabo, el paro podría afectar la cadena de suministro agrícola, el cruce de mercancías en aduanas y, por tanto, tener impacto económico amplio.

• También el Gobierno enfrentará una presión política importante: tiene por delante la aprobación legislativa de la ley y ahora una movilización nacional que busca marcar agenda.

• Finalmente, el conflicto revive la tensión entre modernización de leyes nacionales (agua, medio ambiente) y los derechos de los productores agrarios que lo perciben como amenaza a su estabilidad y patrimonio.