En una ofensiva que se ha intensificado en las últimas semanas, el gobierno de Estados Unidos ha llevado a cabo al menos 16 ataques contra embarcaciones que califica como “narcolanchas”, lo que ha resultado en un total estimado de 76 víctimas mortales. 

El más reciente operativo, reportado por el secretario de Defensa Pete Hegseth, incluyó dos ataques en aguas del Pacífico oriental, en los que murieron seis presuntos “narcoterroristas” a bordo de dos embarcaciones. Hegseth aseguró que ambas estaban vinculadas al tráfico de narcóticos y operadas por organizaciones terroristas designadas. 

Las operaciones, que tienen lugar en aguas internacionales, han generado crecientes cuestionamientos legales y éticos. El alto comisionado para los derechos humanos de Naciones Unidas (ONU), Volker Türk, alertó que existen “fuertes indicios” de que estos ataques podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, ya que no se han presentado públicamente evidencias que corroboren la vinculación de todas las embarcaciones con narcotráfico, ni que las víctimas representaran una amenaza inminente que justificara el uso de fuerza letal. 

Por su parte, expertos en seguridad apuntan que aunque algunas de las lanchas parecen estar equipadas para actividades ilícitas —como motores de alta potencia o estructuras adaptadas para evadir vigilancia—, también podrían estar involucrados civiles o pescadores forzados a colaborar, lo que complica la claridad sobre los objetivos reales de los ataques. 

El contexto estratégico de la ofensiva apunta a la declaración del gobierno estadounidense de estar en “conflicto armado” contra los cárteles de la droga, lo que ha permitido operar de forma militar en zonas marítimas consideradas teatro de narcotráfico. Sin embargo, esta calificación ha sido duramente cuestionada por la comunidad internacional. 

La cifra de embarcaciones destruidas también es notable: diversos medios reportan que ya suman alrededor de 20 embarcaciones hundidas o destruidas en el marco de estos operativos. 

Mientras Washington defiende esta estrategia como parte de su lucha contra el narcotráfico transnacional, los reclamos por transparencia, responsabilidad y protección de derechos humanos siguen creciendo.