Una iniciativa para modificar la Ley General de Salud ha desatado un amplio debate nacional, luego de que organizaciones civiles y legisladores advirtieran posibles afectaciones para pacientes con enfermedades de alto costo, entre ellos quienes viven con VIH. La propuesta plantea cambios en la operación del Fondo de Salud para el Bienestar (FONSABI), responsable de financiar tratamientos complejos como cáncer, VIH/Sida, cuidados intensivos neonatales y trasplantes.

El proyecto presentado por diputados de Morena elimina la obligación de destinar al menos 8% del FONSABI a la atención de enfermedades de alto costo. Hasta ahora, ese porcentaje funcionaba como candado legal para asegurar financiamiento mínimo a tratamientos especializados.

Con la reforma, la asignación de recursos quedaría sujeta a las decisiones de un Comité Técnico, que evaluaría año con año las prioridades presupuestales. El gobierno sostiene que esto permitiría una administración más flexible y eficiente del fondo, capaz de responder a necesidades más amplias en el sistema de salud.

Funcionarios que respaldan la iniciativa argumentan que el fondo no desaparece, sino que se moderniza para financiar medicamentos, insumos, distribución de tratamientos, infraestructura y mantenimiento hospitalario cuando sea necesario.

Organizaciones de pacientes, especialmente colectivos de personas con VIH, expresaron su inquietud ante la eliminación del porcentaje obligatorio. Temen que, al no existir un mínimo garantizado, los recursos puedan distribuirse hacia otros rubros, dejando en incertidumbre la continuidad de tratamientos imprescindibles.

Defensores de derechos de salud señalan que el VIH requiere terapias constantes, costosas y supervisadas, y que cualquier interrupción impacta directamente en la vida y estabilidad de quienes dependen del FONSABI.

Algunos grupos advirtieron que cerca de 18 mil personas podrían enfrentar riesgos si la capacidad de financiamiento disminuye o se vuelve inestable. También cuestionaron la falta de claridad sobre los criterios que aplicará el Comité Técnico para priorizar recursos.

Dos visiones que chocan

La discusión ha generado dos lecturas claras:

  • La postura del gobierno: La reforma optimiza recursos, elimina rigideces y permite destinar apoyos donde más se necesiten cada año. Señalan que el fondo seguirá cubriendo tratamientos de alto costo y que los cambios buscan fortalecer el sistema y ampliar cobertura.
  • La postura de organizaciones y pacientes: Al desaparecer el candado del 8%, se debilita la garantía financiera para tratamientos graves. Temen que el fondo se utilice para fines operativos o infraestructura, reduciendo el presupuesto disponible para enfermedades como VIH o cáncer.

Un debate que definirá el rumbo del sistema de salud

Aunque la reforma sigue en discusión legislativa, ha encendido un debate crucial sobre el equilibrio entre eficiencia presupuestal y protección a pacientes vulnerables. Lo que se decida impactará directamente la manera en que México financia tratamientos de alto costo durante los próximos años.