Uruapan, Michoacán — En un despliegue coordinado entre autoridades estatales y fuerzas federales, seis escoltas que formaban parte del equipo de seguridad del alcalde asesinado Carlos Manzo Rodríguez fueron detenidos la tarde de este viernes en Uruapan. Las aprehensiones se realizaron en la Casa de la Cultura, donde los agentes se encontraban reunidos, y derivan de la investigación por el presunto uso excesivo de la fuerza durante el ataque del 1 de noviembre.

De acuerdo con informes oficiales, los escoltas ya fueron trasladados a Morelia, donde serán puestos a disposición de un juez de control que determinará su situación jurídica durante las próximas horas.

La razón de las detenciones

Las órdenes de aprehensión surgen luego de que la Fiscalía de Michoacán documentara inconsistencias en la actuación del equipo de seguridad tras el atentado contra Manzo. La principal línea de investigación apunta a que el agresor que disparó contra el alcalde ya había sido sometido cuando recibió el disparo que le causó la muerte.

Peritajes preliminares indican que se habría efectuado un único tiro mortal después de la neutralización del atacante, lo que habría motivado la acusación de fuerza excesiva y la intervención ministerial.

El arresto de los escoltas ocurrió de manera simultánea en puntos ya identificados por la Fiscalía. Elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y agentes de investigación del estado cercaron el edificio cultural y ejecutaron las detenciones sin registrar resistencia.

Posteriormente, los escoltas fueron enviados a las instalaciones de la FGE para ser procesados y notificados de los cargos que enfrentan.

Funcionarios del gabinete de seguridad federal señalaron que las detenciones forman parte de una investigación más amplia que analiza fallas en el esquema de protección del alcalde, así como la cadena de decisiones tomada por los escoltas durante el ataque.

La Fiscalía mantiene bajo resguardo armas, videos y testimonios que buscan determinar si el disparo final fue injustificado o si se trató de una reacción legítima dentro del protocolo de seguridad.

El caso pasará a la etapa judicial en cuanto los seis detenidos sean presentados ante un juez. De confirmarse el uso indebido de la fuerza, podrían enfrentar cargos que van desde abuso de autoridad hasta homicidio.

La FGE continuará con los análisis balísticos y la recolección de pruebas para esclarecer completamente cómo se desarrollaron los últimos segundos del ataque que terminó con la vida de Manzo y, ahora, con la detención de quienes lo protegían.