– La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) han identificado 13 casinos en México bajo sospecha de operaciones de lavado de dinero, vinculados presuntamente al crimen organizado y a transferencias millonarias a países como Estados Unidos, Panamá y otras jurisdicciones internacionales.

Según los comunicados oficiales, los casinos investigados realizaron movimientos de efectivo no justificados y emplearon plataformas digitales que involucraban a personas con perfiles económicos no acordes con las cantidades de dinero que recibían. Entre los beneficiarios indirectos de estas transacciones figuraban estudiantes, amas de casa y jubilados, que servían como intermediarios para la legitimación de recursos de procedencia ilícita.

Los casinos identificados se encuentran distribuidos en varios estados del país, incluyendo Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México. Las autoridades han señalado que los movimientos financieros detectados muestran patrones consistentes con tipologías internacionales de lavado de dinero, incluyendo transferencias a plataformas en Rumania, Albania y Malta, además de Estados Unidos y Panamá.

Como parte de las acciones preventivas, la UIF ha bloqueado las cuentas bancarias de los casinos implicados y presentará denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR). También se notificará a la Procuraduría Fiscal de la Federación, a fin de que se investigue la posible comisión de delitos fiscales y financieros, incluyendo operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.

Especialistas en regulación de casinos y finanzas advierten que estas medidas buscan reforzar la supervisión del sector de apuestas y juegos en México, considerado de alto riesgo para infiltración del crimen organizado, y enviar un mensaje claro sobre la tolerancia cero frente al lavado de dinero.

Hasta el momento, los casinos involucrados no han sido nombrados públicamente en su totalidad, y las investigaciones continúan para determinar la responsabilidad legal de sus operadores y las medidas que se aplicarán a cada caso específico.

La acción forma parte de un esfuerzo más amplio del gobierno mexicano por fortalecer la vigilancia financiera y prevenir el uso de negocios legales como vehículos para operaciones ilícitas de alto impacto.