La audiencia inicial del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, se prolongó durante varias horas debido a múltiples recesos decretados por la autoridad judicial, mientras su defensa obtuvo una suspensión de amparo para proteger sus derechos durante el proceso legal.

Ruffo fue presentado ante una jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, mediante videoconferencia desde las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). La diligencia se realizó de manera privada y sin acceso a medios de comunicación.

Durante el desarrollo de la audiencia se registraron más de cinco pausas, lo que extendió el proceso judicial en el que la Fiscalía General de la República (FGR) busca formular imputaciones contra el exmandatario por su presunta participación en una investigación relacionada con contrabando de hidrocarburos y delincuencia organizada.

Como parte de las acciones legales emprendidas por su defensa, un juez federal concedió un amparo para evitar que Ruffo sea sometido a actos de tortura, incomunicación, malos tratos o cualquier afectación a su integridad personal mientras se desarrolla el procedimiento.

El recurso fue promovido ante un juzgado federal en Baja California y reclama posibles actos que vulneren los derechos fundamentales del exgobernador, además de solicitar protección frente a cualquier medida que pudiera afectar su condición jurídica.

La FGR acusa a Ruffo de estar relacionado con una investigación de alta complejidad sobre una presunta red de contrabando de combustible, derivada de operaciones vinculadas con la empresa Ingemar. Las autoridades federales señalan que la indagatoria involucra posibles delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.

El caso ha generado reacciones en distintos sectores políticos debido al perfil del exgobernador, quien fue el primer mandatario estatal de oposición al PRI en México. Mientras integrantes de la oposición han cuestionado el proceso, autoridades federales han señalado que la investigación responde a una indagatoria judicial y no a motivos políticos.

La audiencia continuará hasta que la jueza determine la situación jurídica del exgobernador, mientras la defensa mantiene sus recursos legales para garantizar el respeto al debido proceso.