La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó posibles mecanismos de desvío de recursos públicos mediante empresas proveedoras, transferencias entre compañías y operaciones que podrían haber servido para ocultar el destino final del dinero en los gobiernos de Nuevo León y Sinaloa.

El auditor superior, Aureliano Hernández Palacios, presentó los hallazgos el 30 de octubre, durante la exposición de los resultados de la segunda entrega de informes individuales de la Cuenta Pública 2025 ante la Cámara de Diputados.

Uno de los casos expuestos corresponde a Nuevo León, donde la ASF identificó movimientos por más de 7 mil 202 millones de pesos. De acuerdo con la información presentada, los recursos habrían pasado por una comercializadora, una constructora, otras empresas y un despacho jurídico, en una cadena de operaciones que tendría como destino final a un funcionario y personas de su entorno familiar.

El organismo fiscalizador detectó patrones de transferencias de dinero público a proveedores que posteriormente enviaban los recursos a personas físicas y morales con posibles vínculos familiares con servidores públicos.

En Sinaloa, la ASF encontró otro esquema que involucra contrataciones de dependencias estatales y municipales con una empresa constructora a la que se adjudicaron contratos de obra pública.

Durante la presentación no se informó un monto relacionado con estas operaciones. El auditor explicó que las investigaciones continúan y que todavía deben determinarse los posibles daños al erario y las responsabilidades correspondientes.

Hernández Palacios señaló que los equipos de auditoría están revisando las relaciones entre las empresas que participan en concursos y licitaciones, debido a indicios de posibles acuerdos entre compañías que aparentan competir entre sí.

El funcionario indicó que los resultados deberán sustentarse antes de establecer responsabilidades. Si se identifican faltas administrativas graves, los expedientes podrán turnarse al Tribunal Federal de Justicia Administrativa; si existen elementos de posibles delitos, serán remitidos a la Fiscalía General de la República.

El auditor explicó que el seguimiento de los recursos permite reconstruir las cadenas de transferencias y detectar patrones que podrían revelar operaciones simuladas o mecanismos para beneficiar a personas relacionadas con servidores públicos.

También señaló que la institución debe mantener bajo reserva algunos detalles mientras avanzan las indagatorias, con el propósito de no afectar los procedimientos.

Por ahora, los hallazgos representan líneas de investigación y posibles irregularidades que deberán acreditarse mediante los procesos correspondientes. La ASF tendrá que establecer si existió un daño a las finanzas públicas y quiénes podrían tener responsabilidad.