La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó operaciones por 21.3 millones de pesos entre proveedores vinculados con una de las empresas que participan en contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE) y compañías dedicadas a la certificación y timbrado de facturas electrónicas, cuyas autorizaciones fueron revocadas por trabajar con empresas señaladas como factureras.

El hallazgo forma parte de una investigación de oficio que la ASF abrió para revisar posibles irregularidades en contratos del INE y de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE). El titular del organismo fiscalizador, Aureliano Hernández Palacios Cardel, expuso los primeros resultados durante la presentación de informes ante la Cámara de Diputados.

De acuerdo con la información presentada, las operaciones por 21.3 millones de pesos corresponden a proveedores de una de las compañías bajo análisis que trabajaron con empresas encargadas de validar y timbrar comprobantes fiscales. La revocación de las certificaciones de estas últimas, por sus vínculos con factureras, encendió alertas dentro de la revisión.

La ASF también identificó operaciones entre compañías pertenecientes a los mismos grupos empresariales. Entre los mecanismos que examina se encuentra la subcontratación: empresas que ganaban licitaciones contrataban posteriormente a otras firmas que también habían participado en los concursos y que estarían relacionadas con esos mismos grupos.

Otro punto bajo revisión son los registros laborales de algunas proveedoras. Según el auditor, se detectaron compañías que facturaban cientos de millones de pesos, pero tenían menos de cinco trabajadores registrados e incluso algunas no contaban con personal.

La investigación contempla además posibles conexiones entre empresas y servidores públicos, así como relaciones entre socios, representantes legales y personas que participan en distintas compañías. En una actualización posterior, la Auditoría presentó un mapa que reúne siete empresas, 83 personas y 89 vínculos identificados durante el análisis.

La revisión no se limita al INE, sino que incluye a los organismos electorales locales y a las empresas, proveedores y funcionarios que pudieran estar relacionados con las operaciones. La finalidad es determinar si existieron simulación de operaciones, acuerdos entre participantes de licitaciones, conflictos de interés o afectaciones a los recursos públicos.

El monto de 21.3 millones de pesos constituye uno de los hallazgos reportados por la ASF y no equivale, por sí mismo, a una resolución que confirme un fraude o establezca responsabilidades penales. Las operaciones y los vínculos detectados continúan bajo investigación.