El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 durante un evento público del Festival de las Velas por el Día de Muertos, ha generado indignación social y una serie de protestas en Michoacán, evidenciando la creciente crisis de seguridad en la entidad.
El edil, fue atacado y asesinado frente a cientos de asistentes, lo que provocó conmoción tanto a nivel local como nacional. Autoridades estatales y federales han iniciado investigaciones, aunque los detalles sobre los responsables y sus motivaciones aún no han sido aclarados.
Tras el asesinato, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, acudió al velorio de Manzo, donde fue recibido con abucheos y consignas como “¡justicia!” y “¡fuera asesino!”. La indignación de los ciudadanos provocó que el mandatario se retirara escoltado por seguridad.
Al día siguiente, se realizó una marcha en Morelia con cientos de participantes que exigieron justicia y mayor seguridad para autoridades y ciudadanos. Los manifestantes recorrieron el centro histórico de la ciudad, gritando consignas contra la impunidad, el crimen organizado y la presunta omisión del gobierno estatal.
Durante la protesta, algunos ciudadanos intentaron ingresar al Palacio de Gobierno de Michoacán, ocasionando destrozos en puertas y vidrios, mientras que las autoridades respondieron con gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. Las movilizaciones reflejan el profundo hartazgo social ante la violencia y la sensación de vulnerabilidad de la población y de los funcionarios locales.
El asesinato de Manzo se enmarca en un patrón de violencia contra alcaldes en Michoacán, donde al menos siete ediles han sido asesinados durante la actual administración estatal. La combinación de crimen organizado, violencia política y falta de seguridad efectiva ha generado un clima de desconfianza y tensión en la ciudadanía.
Expertos señalan que hechos como este evidencian la vulnerabilidad de los funcionarios locales y ponen en alerta la capacidad del gobierno estatal para garantizar la protección de sus representantes y de la población en general. Las protestas, aunque simbólicas, reflejan un quiebre de confianza en las instituciones y la necesidad de acciones concretas para contener la violencia.
El asesinato y las protestas posteriores no sólo representan un hecho criminal, sino un síntoma de una crisis más amplia de seguridad y gobernabilidad en Michoacán. La presión ciudadana sobre el gobierno estatal busca visibilizar la urgencia de medidas efectivas que garanticen justicia y protección, tanto para autoridades como para la población civil.
