Hermosillo, Son., diciembre 13 de 2022.- Por mayoría, el Congreso aprobó un gasto para el Estado de Sonora por el orden de 76 mil 237 millones 993 mil 888 pesos, misma cantidad de los ingresos estimados para el próximo año, así como reformas al Código Fiscal, la Ley de Hacienda estatal y la Ley de Control Vehicular.
En sesión ordinaria del Pleno, la Comisión de Hacienda presentó los dictámenes con proyectos de Decreto que reforma diversas disposiciones fiscales y de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal 2023, y el proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos para el próximo año.
Las reformas al Código Fiscal, a la Ley de Hacienda del Estado y a la Ley de Control Vehicular, fueron objetadas por los integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional y de Movimiento Ciudadano.
La diputada Alejandra López Noriega expuso a nombre de la bancada del PAN que están en contra de que aumenten los impuestos, como el de tres por ciento en la tasa del impuesto a los servicios de hospedaje y al impuesto sobre nómina, así como el aumento, que consideran desproporcionado, al costo de expedición de placas, que pasará de 785 pesos a mil 337 pesos.
Por la bancada de Movimiento Ciudadano, el diputado Jorge Eugenio Russo Salido adelantó que votarían en contra en lo general y lo particular, no solo de las reformas a las disposiciones fiscales, sino de la Ley de Ingresos y el Decreto de Presupuesto de Egresos, pues no corresponde a la realidad que vive el Estado de Sonora.
Las y el integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional presentaron reservas en lo particular de diversos artículos del Código Fiscal, a efecto de que quedara como está y no se hicieran los cambios que establece el dictamen, sin embargo, este se aprobó como fue presentado por la Comisión de Hacienda.
El siguiente punto del orden del día fue la presentación del dictamen con proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal 2023, el cual se aprobó por mayoría, con el voto a favor de Acción Nacional en lo general, pero en contra en lo particular.
Siguió la presentación del proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el próximo año, punto en el que hizo uso de la voz, en primer término, la diputada Natalia Rivera Grijalva, quien lo calificó como un presupuesto estructuralmente inaceptable, pues se trata, dijo, de un proyecto que incrementa agresivamente la carga impositiva para los ciudadanos.
Agregó que contempla un incremento de nómina global de más de mil millones de pesos, lo que significa una violación a la Ley de Disciplina Financiera, al registrar más del trece por ciento de aumento, cuando este no debe pasar de tres por ciento, sostuvo, además de que se duplican gastos en viáticos y crecen significativamente los servicios oficiales, arrendamientos y asesorías.
Por el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano también habló la diputada Rosa Elena Trujillo Llanes, quien afirmó que el paquete económico refleja un futuro poco alentador para las mujeres, pues son insuficientes los recursos para hacer frente a la desigualdad y violencia que enfrentan las mujeres en Sonora.
En la votación en lo general del Decreto de Egresos para 2023, el grupo parlamentario de Acción Nacional lo hizo a favor en lo general y reservó diversos artículos para su discusión en lo particular, los cuales fueron aprobados por mayoría como los presentó la Comisión de Hacienda.
De acuerdo al Decreto aprobado, el Poder Ejecutivo ejercerá un gasto de 56 mil 675 millones 100 mil 577 pesos; el Poder Legislativo, 413 millones 675 mil 315; el Poder Judicial, mil 817 millones 790 mil 790 pesos; y los órganos autónomos, 6 mil 700 millones 476 mil 237 pesos, los cuales se distribuirán de la siguiente manera:
- Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, 83 millones 112 mil 915 pesos;
- Tribunal Estatal Electoral, 62 millones 615 mil 563 pesos;
- Comisión Estatal de Derechos Humanos, 48 millones 958 mil 50 pesos;
- Instituto Sonorense de Transparencia, 49 millones 209 mil 593 pesos;
- Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 365 millones 325 mil 596 pesos;
- Universidad de Sonora, 2 mil 700 millones 236 mil 572 pesos;
- Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, 242 millones 175 mil 675 pesos;
- Fiscalía General de Justicia del Estado, 2 mil 35 millones 946 mil 35 pesos;
- Instituto Tecnológico de Sonora, mil 19 millones 414 mil 683 pesos;
- Colegio de Sonora, 93 millones 481 mil 553 pesos.
Una vez aprobado el paquete económico del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal 2023, los grupos parlamentarios y la representación parlamentaria presentaron posicionamientos, para lo cual subieron a la tribuna las y los diputados Héctor Raúl Castelo Montaño, por MORENA; Ernesto De Lucas Hopkins, por Movimiento Ciudadano; Iram Edgardo Solís García, por el PT; Claudia Zulema Bours Corral, por el PVEM; Fermín Trujillo Fuentes, por Nueva Alianza Sonora; Ernesto Roger Munro Junior, por el PES; y Alma Manuela Higuera Esquer, por el PRD.
En esta sesión ordinaria, el Pleno aprobó el proyecto de Ley de entrega-recepción para el Estado de Sonora y de Decreto que deroga diversas disposiciones de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, presentado por las comisiones Anticorrupción, y de Gobernación y Puntos Constitucionales, en forma unida, que estudiaron la iniciativa presentada el 22 de febrero del presente por la diputada María Jesús Castro Urquijo.
La Ley tiene por objeto establecer las disposiciones generales conforme a las cuales los servidores públicos que desempeñen un empleo, cargo
o comisión de cualquier naturaleza, en la administración pública estatal o municipal, en los poderes Legislativo o Judicial del Estado, en los órganos públicos autónomos y en las entidades de la administración pública paraestatal.
También las personas que administren, manejen, recauden, apliquen o resguarden recursos públicos económicos federales, estatales o municipales, sea cual fuere la naturaleza de su nombramiento o elección en cualquier otro ente, de entregar a quienes legalmente los sustituyan o a quienes se designen para tal efecto al término de su empleo, cargo o comisión, lo siguiente:
Recursos financieros, patrimoniales, documentos y, en general, los asuntos que hayan tenido a su disposición y demás información generada en el ejercicio de sus funciones.
Con esta nueva legislación se pretende generar un marco jurídico más completo, que garantice la continuidad de la función pública y de gestión de la administración estatal y municipal, mediante la transferencia ordenada, precisa y formal de los bienes, derechos y obligaciones, así como documentar la entrega-recepción del patrimonio público, al brindar certeza jurídica del resguardo del patrimonio público, en atención a los principios de la Constitución Federal.
Enseguida se aprobó el Decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y al Código Penal del Estado de Sonora, dictamen presentado por las comisiones de Justicia y Derechos Humanos, y para la Igualdad de Género, en forma unida, que estudiaron la iniciativa presentada el 26 de abril de 2022 por la diputada Alicia Gaytán Sánchez.
El Decreto establece el concepto de violencia por sustitución o vicaria dentro de la legislación, que es un tipo de violencia familiar que se comete en contra de la mujer, además de establecer una nueva disposición en el marco penal local, para que sea considerada como un delito y se castigue, de igual forma, como un tipo de violencia familiar.
Comete el delito de violencia por sustitución o vicaria, cuando quien tenga o haya tenido una relación de matrimonio, concubinato o relación de hecho, que por sí misma o por interpósita persona utilice como medio a las hijas e hijos, familiares, personas adultas mayores, personas con discapacidad o en situación de dependencia, personas significativas, mascotas, bienes de la víctima, entre otros, para causarle algún tipo de daño o afectación a una mujer.
Cuando se ejerza violencia física, psicológica o privación de la vida se le la aplicará una pena de prisión de uno a diez años y una multa equivalente de mil quinientas a cuatro mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, estas sanciones se aplicarán con independencia de los delitos que resultaren cometidos al ejercer esta conducta, establece la adición de un Artículo 234 D en el Código Penal.
