Exempleados de la minera canadiense Vizsla Silver Corp., que opera el proyecto Pánuco en el municipio de Concordia, Sinaloa, han revelado que la empresa fue advertida sobre la presencia de hombres armados y amenazas directas contra trabajadores desde al menos 2025, pero poca o ninguna acción preventiva fue tomada para garantizar su seguridad. 

Según estos testimonios, grupos armados circulaban constantemente por áreas de trabajo, revisaban vehículos e incluso sobrevolaban zonas con drones; algunos empleados fueron directamente intimidados, y en varios casos se les pidió abandonar la mina o cambiar colores de sus chalecos para evitar confrontaciones violentas. 

Uno de los exempleados, que trabajó en el lugar durante parte de 2025, afirmó que la inseguridad era tan evidente que decidió renunciar y alertar a colegas; sin embargo, señala que, a pesar de estas advertencias, la compañía mantuvo sus operaciones sin reforzar la seguridad ni tomar medidas claras para proteger al personal. 

Contexto trágico: secuestro y asesinato de trabajadores

La preocupación era real. El 23 de enero de 2026, un comando armado irrumpió en el campamento minero y secuestró a 10 trabajadores vinculados a Vizsla Silver, entre ellos ingenieros, geólogos y contratistas. 

Tras días de intensa búsqueda, la Fiscalía General de la República (FGR) encontró restos humanos en fosas clandestinas en la comunidad de El Verde (Concordia): al menos cinco de los 10 trabajadores han sido identificados sin vida hasta ahora, mientras se continúa la búsqueda de los demás. 

Organizaciones nacionales del sector minero y colegas han lamentado los hechos y exigido justicia, subrayando que las víctimas eran profesionales sin vínculos criminales. 

Las autoridades federales han señalado que una de las líneas de investigación apunta a que los secuestradores —posiblemente vinculados a la facción Los Chapitos del Cártel de Sinaloa— pudieron haber confundido a los trabajadores con un grupo rival en lucha por el control del territorio. Sin embargo, esta versión ha sido cuestionada por compañeros y familiares, quienes rechazan que haya sido un error de identidad y apuntan a amenazas previas como indicativo de un patrón prolongado de violencia. 

El gobierno federal desplegó más de mil militares y fuerzas federales para apoyar la investigación y fortalecer la seguridad en la zona tras el incidente. 

Vizsla Silver ha expresado estar “devastada por el resultado” y mantiene una postura de cooperación con las autoridades y apoyo a las familias afectadas. La compañía asegura que sigue cooperando con las investigaciones mientras evalúa internamente la situación de seguridad en sus operaciones. 

No obstante, familiares de las víctimas han señalado su inconformidad, incluso criticando la ausencia de medidas preventivas más efectivas antes de que ocurriera la tragedia, y rechazan que se haya pagado rescate o extorsión.