México; 17 de junio de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México reveló que el supuesto secuestro de la alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, habría sido en realidad una simulación organizada por ella y personas cercanas con el objetivo de justificar un presunto desfalco millonario.
De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el plan consistía en fingir su privación de la libertad para exigir un rescate de 40 millones de pesos que saldrían de recursos públicos, lo que permitiría encubrir irregularidades financieras dentro de la administración municipal.
El caso, que inicialmente movilizó a corporaciones de seguridad tras el reporte de desaparición de la edil a finales de mayo, dio un giro tras el análisis de cámaras de videovigilancia y registros telefónicos, los cuales evidenciaron inconsistencias en la versión de los hechos.
Las autoridades señalaron que las imágenes no muestran signos de violencia, sino que la funcionaria habría abordado voluntariamente un vehículo. Asimismo, el rastreo de comunicaciones permitió identificar coordinación previa entre los involucrados desde meses antes.
Como resultado de las indagatorias, fueron detenidas al menos tres personas presuntamente relacionadas con el caso, mientras que otros implicados, entre ellos familiares de la alcaldesa, cuentan con órdenes de aprehensión y permanecen prófugos.
La Fiscalía también dio vista a instancias de combate a la corrupción para investigar el posible desvío de recursos públicos, mientras que se prevé una audiencia judicial en las próximas semanas para definir la situación legal de la edil.
El caso ha generado fuerte impacto político y social, al tratarse de una presunta simulación de delito que involucraría recursos públicos y el uso indebido de instituciones de seguridad, lo que podría derivar en sanciones penales y administrativas.
Cabe recordar que, en un inicio, el hecho fue reportado como un secuestro real, lo que activó operativos de búsqueda en la región sur del Estado de México, hasta que las investigaciones comenzaron a revelar inconsistencias en la versión oficial.
Las autoridades continúan con las indagatorias para determinar el alcance de las responsabilidades y el posible daño al erario.
